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Eduardo Zaplana, visto para sentencia

Zaplana ha hecho uso del turno de última palabra en el juicio del caso Erial, para lamentar que se haya querido trasladar una imagen sobre él, "una idea de grupo criminal"

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Isabel Moreno
Redactora de COPE Valencia

Valencia

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 17:58

Ya ha quedado visto para sentencia el caso Erial, tras siete años de instrucción y casi dos meses de juicio --con un total de 20 sesiones--, puesto que arrancó el pasado 21 de marzo después de dos suspensiones.

Este caso investiga a quince personas -doce al final del juicio-, entre ellas los expresidentes de la Generalitat con el PP Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia del fallecido expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, además de colaboradores del expresident y exministro y varios empresarios.

Tras escuchar a todos los testigos y examinar las pruebas, el fiscal retiró la acusación contra Ángel Salas, Elvira Suanzes y Pedro Romero, y se alcanzaron conformidades con Juan Francisco García, Joaquín Barceló y los hermanos José y Vicente Cotino.

Zaplana ha aprovechado la última palabra en Erial para defender lo que ha mantenido desde que fue detenido: "No he cometido ninguna ilegalidad ni he tenido dinero en el exterior". Así mismo, ha asegurado que ha sido un "honor" para él dedicarse a la vida política "aunque su ejercicio me haya traído aquí", ha apostillado. Además, ha afirmado que "tras los registros en su domicilio, en sus despachos, tras intervenciones telefónicos, grabaciones en lugares públicos y nueve meses en prisión, digo lo mismo que dije en marzo de 2019 cuando abandoné el centro penitenciario: no he cometido nunca ninguna ilegalidad en mi responsabilidad al frente de la Generalitat Valenciana y no he tenido nunca dinero en el exterior. Lo afirmé entonces y lo reitero".

El expresidente y exministro enfrenta una solicitud del ministerio fiscal de 17 años de prisión por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa. Además, se le pide una multa de 40 millones de euros y otras dos multas adicionales de 72.000 y 36.000 euros.

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