Según el último informe de criminalidad del gobierno de España, el índice se ha disparado en la Comunidad Valenciana en los últimos meses. Un dato que afecta a todos los ciudadanos y que preocupa y mucho.

Respecto a este dato, Elisa Núñez, consellera de Justicia de la Comunidad Valenciana, explica el drama con el que se encuentran los valencianos. La Policía Nacional y la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana se enfrentan a un problema de dotación de efectivos por el sistema de asignación.

Es decir, el número de agentes por localidad o municipio se asigna en función de las personas empadronadas y “ahí hay que tener en cuenta que tenemos residentes que no están empadronados e incluso hay personas que han accedido a nuestra Comunidad de manera ilegal”, reconoce Núñez. Ante esa situación hay menos policía y menos Guardia Civil en proporción a la población sobre la que tienen que velar por su seguridad en la Comunidad Valenciana.

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Otro de los problemas a los que se enfrentan estos cuerpos de seguridad de la Comunidad es que “el catálogo de puestos de trabajo de Guardia Civil no se ha actualizado desde el año 2010”.

Esta problemática no depende directamente de su consellería, y lo que depende directamente de ella Núñez ya ha hecho “la reclamación pertinente para llamar la atención del señor Sánchez y del señor Marlaska para que lo tenga en cuenta porque al fin y a la postre estamos hablando de la seguridad y de la protección de los ciudadanos”.

Ley de Concordia

Ángel Víctor Torres, Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, confirmó este lunes que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley de Concordia que han presentado algunos gobiernos como el valenciano.

A este respecto, la Consellera ha explicado en COPE Valencia que “esta ley contempla a todas las víctimas de la violencia política y social de nuestro país desde el año 31 hasta la actualidad, lo cual nos permite incluir no solamente, como incluía la ley anterior, a las víctimas de un lado, contará y tendrá el reconocimiento en las víctimas de ambos lados y además incluye a otro tipo de víctimas como son las de ETA o las del GRAPO”, el problema según ella es que “el señor Sánchez tiene como socio principal a Bildu y entonces el hecho de que se incorporen como víctimas de violencia política o social a las víctimas del terrorismo de ETA, pues evidentemente igual no le viene muy bien".