El cierre perimetral de este fin de semana de Castellón de la Plana y Vila-real se salda con 217 propuestas de sanción efectuadas por la Policía Nacional al incumplirse las restricciones impuestas por el Gobierno de la Generalitat Valenciana. Solo ayer domingo se impusieron 115 multas. A ellas hay que sumar las 34 impuestas por la Policía Local de la capital y las 31 de la Policía Local de Vila-real.

Por tanto, sin contabilizar las de la Policía Local de Vila-real, son 282, veinticuatro menos que el pasado fin de semana.

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Llama la atención el número similar de las multas habidas en las dos poblaciones con la diferencia de población que hay. En Vila-real, además, se han impuesto nueve sanciones por reunirse más gente de la permitida en viviendas, tres por saltarse el toque de queda y dos por reunirse en la calle más gente de la permitida.

Además, el pasado fin de semana, se produjeron dos detenciones por incumplir las medidas restrictivas impuestas para hacer frente a la pandemia, mientras que este fin de semana no ha habido detenciones.

A las 6 de la mañana se ha vuelto a abrir el perímetro de Castellón de la Plana y de Vila-real. Los habitantes de las dos poblaciones ya se pueden mover libremente por el territorio de la Comunidad Valenciana, algo que a lo largo del fin de semana si han podido hacer los vecinos del resto de municipios. El próximo viernes volverá a cerrarse perimetralmente las dos ciudades a las 3 de la tarde.

La Generalitat Valenciana mantendrá hasta el 1 de marzo las restricciones actuales, aunque de mantenerse la tendencia en la reducción de contagios, aliviará algunas de estas medidas aunque continuarán siendo importantes. En caso de que sea así, el Consell permitiría reabrir las terrazas del sector hostelero a partir del día 1 con limitación de mesas y sillas según el espacio con el que se cuente.

Lo que si prorrogaría sería el cierre perimetral de las poblaciones de más de 50.000 habitantes que se mantendrían más allá del día 1, aunque habrá que esperar a mitad de la próxima semana para que el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, defina su postura.