Ni Ali Brancal, la vicealcaldesa de Castellón de la Plana dimitió, ni la alcaldesa socialista, Amparo Marco la ha destituido por decisión propia. Finalmente, la insistencia del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y la cómplice abstención del Partido Socialista, han logrado reunir más apoyos de los que tiene la concejala nacionalista que deberá ser destituida de sus cargos.

Brancal no ha querido asumir el Código de Buen Gobierno que ella mismo impulsó, junto a otro investigado como es Enric Nomdedéu, ahora secretario autonómico de Ocupación. Ninguno de los dos preveía poder gobernar y lo que esperaban que fuera unas condiciones leoninas contra los concejales del Partido Popular se les ha vuelto en contra.

Compromís no ha conseguido revertir la investigación judicial que cierne sobre Brancal y Nomdedéu. Y la nacionalista ni tan siquiera ha dimitido como se comprometió ante notario en caso de ser investigada.

Ahora, Marco deberá apartarla de sus funciones. Brancal se quedará sin competencias de gobierno pero mantendrá su acta de regidora.

La causa abierta contra Brancal y Nomdedéu es por un presunto delito de malversación al utilizar, según la querella del popular Juan José Pérez Macián, el correo municipal del ayuntamiento para enviar propaganda electoral.