El entorno del Castor vuelve a temblar: tres terremotos frente a la costa de Vinaròs
Desde el domingo se han producido tres leves terremotos frente a la costa de Castellón, concretamente de Vinaròs

Almacén subterráneo de gas Castor, frente a la costa de Vinaròs
Castellón - Publicado el - Actualizado
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El entorno del Castor vuelve a temblar. Desde el domingo se han producido tres terremotos de baja intensidad en las proximidades del almacén de gas, clausurado por provocar cientos de seísmos.
Estos últimos movimientos sísmicos no han sido percibidos por los vecinos, el epicentro ha sido frente a las costas de Vinaròs y la intensidad de entre 1,7 y 1,8º y a una profundidad de entre 1 y 7 kilómetros.
En 2013 el proyecto Castor generó centenares de terremotos frente a la costa del Baix Maestrat una vez se inició la inyección de gas en el subsuelo marino, donde están ubicados los pozos que debían almacenar el gas y que en 2019 se procedió a iniciar su sellado.

Localización de los terremotos habidos frente a la costa de Vinaròs
Historial
El proyecto Castor era un almacén de gas subterráneo impulsado por el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y cuya autorización medioambiental firmó la hoy comisaria europea Teresa Ribera, entonces secretaria de Estado. La empresa Escal UGS era la propietaria, sociedad participada mayoritariamente por ACS.
Entre los meses de septiembre y diciembre de 2013 se detectaron 528 movimientos sísmicos, siendo el de mayor magnitud 4,2º en la escala de Richter, lo que hizo que la Generalitat Valenciana activara un Plan Especial de Seguimiento.
El teléfono de emergencias '112 Comunitat Valenciana' recibió 79 llamadas desde el 5 de septiembre hasta el 26 de diciembre relacionadas con movimientos sísmicos producidos en la zona del Golfo de Valencia.
Nada más detectarse los primeros terremotos, el Gobierno que ya presidía el popular Mariano Rajoy ordenó la paralización de la inyección de gas y, posteriormente, retiró la licencia de explotación a Escal UGS, asumiéndola el Estado con el pago de una importante indemnización que superó los 1.300 millones de euros.
En 2019, ya con el socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y Teresa Ribera, impulsora de este proyecto como ministra de Transición Ecológica, se procedió a anunciar el sellado definitivo de la instalación.