La alcaldesa de Almassora, Merche Galí, y la concejala de Territorio, Carmina Martinavarro, anunciaron ayer a los propietarios y vecinos afectados por el Plan de Acción Territorial (PAT) de Castelló que el Ayuntamiento contratará los servicios de un bufete especializado para presentar las alegaciones al plan y defender los derechos de la costa de la localidad antes del 22 de diciembre, cuando expira el plazo.

Galí y Martinavarro se reunieron de forma telemática con las personas interesadas en conocer la afección del PAT sobre Almassora, los recursos y plazos que maneja el consistorio. El encuentro, emitido desde la sala de comisiones del Ayuntamiento, se extendió durante hora en una intervención que arrancó la alcaldesa para detallar la secuencia de publicación del documento, el perjuicio que causa que la Dirección General de Política Territorial deje fuera de ordenación urbana las viviendas y las posibilidades para solicitar la modificación del plan.

Galí avanzó que el Ayuntamiento ofrecerá a los afectados el documento elaborado por técnicos y gabinete externo para que se sume el mayor número posible de personas a estas alegaciones, tanto a nivel asociativo como individual. El trabajo, según indicaron, parte de la premisa de que es una “injusticia” que se tiene que corregir. Es prioritaria la eliminación del texto del párrafo que alude a dejar fuera de ordenación las propiedades afectadas por los 500 metros calificados de riesgo tecnológico entre la valla del polígono del Serrallo y el término municipal de Almassora.

Tal como especificaron, dejar fuera de ordenación supone recortar derechos sobre las propiedades, en tanto que pierden valor al prohibirse ampliaciones y modificaciones sustanciales, y de cara a futuras ventas, mientras que cargas como los impuestos se mantendrían invariables. “El PAT, de carácter provincial, tiene un valor superior al PGOU de Almassora y, de quedarse como está, el Ayuntamiento no podría conceder licencias de obras más que para trabajos de mantenimiento”, detalló la alcaldesa.

Galí abundó en la necesidad de que el Consell imponga al Serrallo las medidas de seguridad oportunas para evitar que sea la población quien cargue con la responsabilidad y los perjuicios. “Es igual que cuando desde el Ayuntamiento autorizamos un negocio como un pub, que marcamos las medidas que tiene que tomar para no causar molestias, como la insonorización, no hacemos que sean los vecinos quienes insonoricen sus casas”, comparó.

En esta línea, la concejala de Territorio recordó, en alusión a la creación del vial rápido y la pantalla verde, que desde su equipo “habíamos ido a la Conselleria a pedir recursos para solucionar los problemas de los vecinos y lo que nos encontramos encima de la mesa es una herramienta que lo que hace es totalmente lo contrario”. Por tanto, “no podemos esconder esa sensación de que el trato es injusto”, aseveró.

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Por ello, la secuencia que maneja el consistorio pasa por redactar un primer esquema de alegaciones y trasladarlo a la comisión de Territorio el próximo 9 de noviembre. El objetivo del equipo de gobierno es que todos los grupos políticos conozcan las líneas básicas de esa reclamación municipal, así como decidir, en función del avance de la pandemia, si es posible reunir de forma presencial a afectados o volver a convocar nuevos encuentros telemáticos.