La Guardia Civil de Alicante ha clausurado un criadero ilegal de tortuga mediterránea (Testudo hermanni) localizado por los agentes del Seprona en una finca rural de una partida en Elche, (Alicante). El responsable del criadero se enfrenta a penas de prisión de seis meses a dos años, tal y como recoge el Código Penal.

Realizando una inspección ordinaria en una casa de campo en la Partida Algoda de Elche, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) encontró una zona vallada en la que había varias decenas de tortuga mediterránea (Testudo hermanni). Al acceder al interior de la caseta de madera que había en el espacio acotado, comprobaron que las instalaciones estaban acondicionadas como criadero de la especie.

El responsable fue requerido por los agentes para que aportara la documentación necesaria para la legal tenencia, cría y comercio de este tipo de animales, pero no pudo acreditarlo. Entre otras obligaciones, tiene la de acreditar el lícito origen y adquisición de los animales, así como la inscripción del criadero, en caso de obtener la pertinente autorización, para la tenencia como animales de compañía de especies silvestres protegidas.

La tortuga mediterránea (Testudo hermanni) es una familia de reptiles de tierra, herbívoros y diurnos, que puede alcanzar edades comparables a la de los humanos. Su popularidad como animal de compañía, y por ende la proliferación del comercio ilegal con estos especímenes, es una de las principales amenazas para la supervivencia de la especie a largo plazo. Se trata de una especie de fauna silvestre protegida, incluida en el apéndice II del Convenio de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

El Seprona de Elche ha intervenido 27 ejemplares de tortuga mediterránea y clausurado el criadero ilegal. El propietario ha sido denunciado como presunto autor de una infracción a la normativa que regula la tenencia, comercio y cría en cautividad de especies de fauna silvestre de este tipo: la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando y la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en concordancia con el Real Decreto 986/2021 por el que se establecen medidas de aplicación del Convenio CITES, relativo a la protección de especies de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.

El responsable se enfrenta, según el artículo 334 del Código Penal, a un delito por tráfico ilegal con especies protegidas de fauna silvestre, castigado con penas de prisión de seis meses a dos años, y la inhabilitación especial para profesión u oficio, así como del ejercicio de la caza o pesca, de dos a cuatro años.

Los especímenes intervenidos han quedado depositados en instalaciones de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, a disposición de las autoridades estatales competentes para resolver el expediente.