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La Diputación de Alicante propone un “verano fiscal” para autónomos y empresas de la provincia

El presidente de la Diputación explica las medidas económicas que está adoptando la institución para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus

El Presidente de la Diputación Carlos Mazón en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 (Diputación)

El Presidente de la Diputación Carlos Mazón en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 (Diputación)

JRZ

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 09:28

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha propuesto hoy la activación de un “verano fiscal” para autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) porque, según entiende, “se necesita liquidez y recuperar lo antes posible los empleos que se están perdiendo”. Así lo ha explicado esta mañana en una entrevista con Susanna Griso en el programa Espejo Público, de Antena 3, donde ha manifestado que “estamos escuchando mensajes en los que se pide un esfuerzo a las generaciones futuras, a nuestros hijos y a nuestros nietos, y yo creo que de lo que se trata es de dar liquidez”, al tiempo que ha defendido la puesta en marcha de un “gran verano fiscal” para los autónomos y las pymes.

El presidente ha puesto como ejemplo los créditos ICO, que tienen el gran inconveniente de que un 80% los garantiza el Gobierno, pero en un 20% es la pyme o el propio autónomo el que se ve obligado a avalarlo, “con lo cual es mucho más accesible para las grandes compañías que para el 95% de las empresas de la provincia de Alicante, un dato que es extrapolable al resto de España”, ha matizado.

Durante la entrevista, Mazón ha recordado las diversas medidas que ha puesto en marcha durante las últimas semanas el gobierno de la Diputación de Alicante, integrado por el Partido Popular y Ciudadanos, para hacer frente a la crisis económica provocada por el coronavirus con el objetivo de incentivar la recuperación financiera del tejido empresarial, industrial, comercial y turístico de la provincia.

Entre las iniciativas más destacadas que ha liderado la institución se encuentra la petición al Gobierno de España de permitir la cancelación del recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las empresas, cooperativas y autónomos de la provincia, una medida nunca antes adoptada y que podría beneficiar a cerca 8.500 empresas y autónomos del territorio alicantino. Esto supondría un ahorro cercano a los 4,5 millones de euros, cantidad que dejará de ingresar la Diputación de Alicante. “No se trata, tal y como ha apuntado Mazón, de un dinero que esté en las arcas del Gobierno central o de las autonomías, sino una previsión de ingresos de la propia institución provincial”.

Además, el organismo provincial Suma Gestión Tributaria suspendió el plazo de pago voluntario de los impuestos, tras el decreto del estado de alarma, una disposición que anula el periodo de recaudación y que contempla las tasas de vehículos, vados y basuras. Asimismo, quedaron también en suspenso los procedimientos administrativos de gestión pendientes de cumplimiento de requerimientos o trámites de audiencia y las notificaciones administrativas. Igualmente, el ente resolvió ampliar la

Por otra parte, el equipo de Gobierno de la Diputación, junto con el del Ayuntamiento de Alicante, remitió una carta al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para instarle a asumir el pago de las cuotas de los trabajadores autónomos de la Comunitat Valenciana con el fin de ayudar al colectivo a hacer frente a la crisis laboral generada por esta emergencia sanitaria. También la institución abrió a todos los municipios de la provincia los créditos que concede a través de la Caja de Crédito para Cooperación, a un interés del 0% con el objetivo de que estos puedan atender las necesidades sociales derivadas de la pandemia de COVID-19.

En este paquete de medidas que ya están en marcha, una de las disposiciones más estratégicas para Carlos Mazón es que los remanentes de los ayuntamientos deben revertir en las propias arcas municipales, y no en la autonómica, con el fin de que sean los consistorios quienes destinen este importe a recuperar y potenciar su desarrollo económico.

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