El alcohol y las drogas fueron los factores desencadenantes del 23 % de los accidentes de tráfico que se produjeron el pasado año. Un 42,1% de los conductores fallecidos habían consumido alguna de estas sustancias: las bebidas alcohólicas, el cannabis y la cocaína encabezan la lista.  

Según datos del Instituto Nacional de Toxicología, los hábitos de consumo siguen invariables en la última década, pese a las campañas y a las sanciones. Un panorama desolador porque en esos accidentes no solo pierden la vida aquellos que se la han jugado poniéndose al volante bajo los efectos de cualquiera de esas sustancias, sino que se llevan por delante a otros que han tenido la mala suerte de cruzarse en su camino. Es el caso de Ana Herrera, vecina de San Lorenzo de El Escorial, fallecida en la M-600 cuando su vehículo fue embestido por un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia. 

Su familia está indignada por el anteproyecto de reforma del Código Penal en materia de seguridad vial. Y es que, en sus cinco folios, la Proposición de Ley no recoge la petición, avalada por más de 300.000 firmas, de endurecimiento general de las penas para estos casos; solo aumentarían un grado de producirse la muerte de dos o más personas. El Congreso de los Diputados ha aplazado esta semana la votación del texto inicial al no haber consenso entre los cuatro principales grupos políticos.

La hermana de Ana Herrera, Laura, afirma que se desoyen sus reclamaciones: “Siento indignación, rabia, desesperación y mucha impotencia... ¿Para esto han necesitado dos años y medio y el clamor de la sociedad pidiéndoles que de verdad sea una ley justa? No sé a qué están esperando”, quien también denuncia que no han recibido invitación para estar presentes en el momento de la aprobación de la Proposición de Ley, a pesar de que los partidos políticos se comprometieron a ello en las reuniones mantenidas con las familias. “Queremos estar allí, queremos verles las caras, que nos vean, que vean las fotos de las personas a las que hemos perdido… Me da la sensación de que nos han recibido por obligación, se han sentido obligados a escucharnos”.

El punto de la discordia

Los jueces consideran actualmente los accidentes de estas características como imprudencias leves, excluidas de la vía penal y tramitadas por lo civil. En esta jurisdicción las víctimas se sienten vulnerables porque carecen del apoyo fiscal y forense. Además, no es un proceso gratuito por lo que muchas desisten. Por eso quieren que se aplique el concepto de imprudencias menos graves a todos los accidentes que se deban a una infracción de tráfico que cause muerte o lesiones. En el anteproyecto de Ley solo se han incluido los casos en los que las lesiones incapaciten de por vida a la víctima.

Los ciclistas también se unen

En 2013, Anna González emprendió una lucha #PorUnaLeyJusta después de que su marido, ciclista, muriera arrollado por un camionero que se dio a la fuga. Aunque luego fue detenido, no ha cumplido condena. Ha sido una de las principales impulsoras de la reforma del código penal para definir con claridad las imprudencias menos graves. Su plataforma también pide que la fuga del causante de accidente tenga penas de por sí.

"Al conductor le defenderá su compañía de seguros y el accidentado probablemente haya perdido su vida. Nuestra querida Anna González al final va a ver que tanto esfuerzo y dedicación no ha servido de mucho y van a seguir impunes tantos irresponsables y asesinos ", lamenta Javier Hernández, padre del ciclista villalbino Javier Hernández Blanco.

Varios colectivos ciclistas se han unido para solicitar consenso a los parlamentarios miembros de la Comisión de Justicia y que se atiendas sus peticiones de cara a la sesión de la próxima semana.