La alcaldesa de Colmenarejo del PP, Nieves Roses, declara este lunes en el juzgado de instrucción nº4 de San Lorenzo de El Escorial por la venta de una parcela pública a la empresa Jufema SL, cuyo administrador es el exregidor popular Julio García Elvira. Es la segunda vez que se adjudica la parcela a la misma empresa.

Según publicó El Confidfencial, se da la circunstancia de que García Elvira es socio en otra sociedad del actual primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Justo Lozano.

Los hechos se remontan al 27 de octubre de 1997, fecha en la que el Ayuntamiento de Colmenarejo, entonces gobernado por el PP, inició un procedimiento para la enajenación mediante subasta pública de dos parcelas del SAU 4 Industrial del municipio, entre ellas la 27, que era un bien patrimonial de la Administración local. En enero de 1998 se aprobó la adjudicación a favor de Jufema y en julio de ese año, el entonces portavoz del PSOE en la localidad, Benito Elvira García, interpuso un recurso extraordinario de revisión contra el acuerdo del Pleno, avalado primero por el TSJM y después por el Tribunal Supremo. Así el acuerdo de adjudicación quedó anulado.
Siete años después, ya con Nieves Roses en la Alcaldía, el Ayuntamiento de Colmenarejo volvió a sacar a subasta la parcela, terreno que se adjudicó de nuevo por 970.000 euros a la misma empresa, Jufema SL, cuyo 50% pertenece al exalcalde, según apunta el medio digital.

La denuncia que llegó en 2018 a la Fiscalía asegura que en el Pleno en el que se vendió el suelo a Jufema participó el primer teniente de alcalde, Justo Lozano Alonso, concejal de Urbanismo y socio de García Elvira en la empresa, El Romeral Apicultora SL.

"Justo Lozano no se ha abstenido en ninguna fase del procedimiento, a lo que hay que sumar que su responsabilidad como concejal de Urbanismo le hacía clave en la elaboración del expediente de enajenación de la parcela que curiosamente recae en la empresa en la que es administrador su socio. Esta relación mercantil deberá estar declarada en el registro de intereses previsto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local", lo que deberían haber conocido tanto el secretario municipal como la actual alcaldesa, reza la denuncia.