La regularización de migrantes colapsa los ayuntamientos: "Llevo más de 24 horas en la cola"

El inicio de la fase presencial para la regularización extraordinaria de migrantes en España ha provocado el colapso en ayuntamientos y entidades sociales de varias ciudades. Aunque el Gobierno ha habilitado más de 400 oficinas para presentar la documentación, el verdadero cuello de botella se está produciendo en los servicios municipales, donde los solicitantes deben obtener documentos clave como el certificado de vulnerabilidad, paso previo indispensable para poder pedir cita y completar el expediente.

En el Ayuntamiento de Madrid hay filas desde las 5 de la mañana, y en algunas entidades sociales hay cientos de  personas durmiendo en la puerta.

Colapso en los ayuntamientos

Está habiendo problemas por falta de personal, porque además no son tramites rápidos. José Fernández es el Delegado de políticas sociales y explica que ha sido una decisión unilateral del Gobierno, y que a pesar de que afecta a más administraciones públicas no se les ha preguntado ni ofrecido ayuda para gestionarlo....

Este colapso va a afectar a otros servicios que presta el Ayuntamiento de Madrid y que son esenciales. Porque tienen que seguir atendiéndolos y a eso sumarle toda esta gestión del certificado de vulnerabilidad.

Nadie nos ha ofrecido ayuda ni medios para gestionar todo esto"

José Fernández

Delegado de políticas sociales

La confusión y la falta de información son la tónica general entre los solicitantes. Muchos pasan horas en la fila sin saber exactamente a qué esperan. Jorge es de Perú y ha ido a la fila a las 5:45 de la mañana, pero no sabe qué tiene qué documentos tiene que presentar.

Vine ayer a las 6:30 de la mañana, he dormido aquí, llevo más de 24 horas en la fila"

Jorge

Desde los municipios, la respuesta es unánime: la medida es "insostenible" sin una dotación de recursos adecuada. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha advertido que solo emitirá certificados de vulnerabilidad a quienes ya estuvieran registrados en sus servicios sociales para evitar fraudes. Mientras tanto, miles de personas continúan su particular odisea burocrática con la esperanza de poder vivir y trabajar legalmente en España. El plazo límite para presentar la documentación es el 30 de junio.