La Justicia reconoce como accidente laboral los trombos de una vacuna de AstraZeneca

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado una sentencia que marca un antes y un después para los afectados por los efectos adversos de la vacuna de la COVID-19. El tribunal ha reconocido como accidente laboral las graves secuelas sufridas por una docente de las Terres de l'Ebre tras recibir una dosis de un lote defectuoso de la vacuna de AstraZeneca. La profesora, considerada personal esencial durante la pandemia, sufrió dos ictus que la llevaron a la UCI. Este fallo judicial abre la puerta a que otros profesionales en su misma situación puedan reclamar.

Dos ictus y un lote retirado

El caso se remonta al 9 de febrero de 2021, cuando la docente, de menos de cincuenta años, recibió la vacuna. Como ha explicado su abogada, Pilar Casas, del Col·lectiu Ronda, en el programa 'Herrera en COPE Cataluña', le correspondía por ser personal docente, adelantándose a su grupo de edad, que habría sido vacunado en junio de ese año. Poco después de la inyección, comenzó a sufrir mareos, náuseas y una fatiga intensa, un cuadro que culminó con dos trombos y dos ictus que requirieron su ingreso en la UCI.

Las investigaciones médicas posteriores vincularon su estado a la vacuna recibida. Concretamente, a una dosis del lote ABV5300 de AstraZeneca, que fue administrado a numerosos profesionales de servicios esenciales en toda España. Apenas un mes después, el 11 de marzo de 2021, las autoridades sanitarias tomaron la decisión de retirar este lote en todo el territorio nacional como medida de precaución ante la acumulación de casos similares.

Poco después de la inyección, comenzó a sufrir mareos, náuseas y una fatiga intensa, un cuadro que culminó con dos trombos y dos ictus que requirieron su ingreso en la UCI.

Una sentencia que sienta doctrina

Pilar Casas ha aclarado que, si bien la sentencia no crea jurisprudencia, un privilegio reservado al Tribunal Supremo, sí que establece lo que se conoce como doctrina judicial. Esto significa que el TSJC ha fijado una línea interpretativa que previsiblemente seguirá en casos futuros que presenten las mismas características. "La doctrina judicial es la línea por la que podemos saber que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al menos, cuando le llegue un tema de este tipo, ya sientan esta doctrina y generalmente es la que suele seguir el mismo tribunal", ha señalado la abogada.

Para que se sentara jurisprudencia, sería necesario que otro tribunal superior autonómico dictara una sentencia contraria y el caso llegara al Tribunal Supremo para que este unificara el criterio. No obstante, el fallo actual ya es una herramienta fundamental para otros posibles afectados que se encuentren en la misma situación, proporcionando un precedente sólido para sus reclamaciones.

¿Qué implica ser accidente laboral?

La declaración de los hechos como accidente de trabajo tiene consecuencias directas y muy relevantes para la trabajadora. Aunque en el caso de los funcionarios las prestaciones por baja suelen estar complementadas al cien por cien, la clave de esta sentencia reside en el futuro. Según ha explicado la abogada, la maestra ha sufrido varias bajas posteriores y es probable que el proceso desemboque en una solicitud de incapacidad permanente.

En este escenario, la fórmula para calcular la base reguladora de la prestación es considerablemente más beneficiosa si la incapacidad deriva de un accidente de trabajo que de una enfermedad común. La sentencia, por tanto, no solo reconoce el origen laboral de sus dolencias, sino que también protege económicamente a la afectada a largo plazo.

Otros colectivos, como bomberos, policías, personal sanitario y el resto de docentes, que fueron considerados prioritarios en la vacunación y recibieron una dosis del lote defectuoso ABV5300 de AstraZeneca, también podrían ahora reclamar que las secuelas sufridas sean reconocidas como un accidente laboral, amparándose en esta pionera sentencia del TSJC.

Cuando la justicia es lenta, deja de ser justicia"

El largo tiempo transcurrido hasta llegar a esta resolución ha puesto de manifiesto uno de los problemas endémicos del sistema. Pilar Casas ha sido contundente al denunciar la saturación extrema que sufren los juzgados. "Hay una sobresaturación brutal", ha afirmado, explicando que hay juzgados que asumen 1.300 asuntos al año cuando su capacidad es de 800, lo que provoca que se señalen juicios para 2028. Esta demora, ha añadido, atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva. La abogada lo resume en una frase lapidaria: "Cuando la justicia es lenta, deja de ser justicia".

Esta lentitud es especialmente dolorosa en casos sensibles relacionados con la salud, donde la persona afectada no solo lucha por sus derechos, sino que también atraviesa una situación personal de gran vulnerabilidad. "Es un trasbalsa brutal para una persona que además está pasando una situación doliente en cuanto a la salud", ha concluido Casas, subrayando el impacto humano que se esconde detrás de los expedientes y los plazos judiciales.