Vivir de alquiler ya no es una etapa transitoria, sino cada vez más un régimen permanente, según un estudio

Un estudio impulsado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) en colaboración con diversas universidades de alcance internacional alerta de que vivir de alquiler ya no es una etapa transitoria propia principalmente de jóvenes, sino cada vez más un régimen permanente marcado por la inseguridad residencial, la precariedad económica y la desigualdad patrimonial. El informe, que analiza las condiciones de vida de la población inquilina en Barcelona, Madrid, Lisboa y Buenos Aires, constata que este tipo de modelo residencial crece de manera global, hasta el punto de que el siglo XXI supone “un punto de inflexión” con respecto a la segunda mitad del XX. En las cuatro ciudades, la mayor parte de la población inquilina está compuesta por adultos de entre 30 y 64 años.

Otra de las constataciones del informe es que entre 7 y 8 de cada 10 inquilinos no tienen expectativas de heredar una vivienda, y muy pocos esperan poder comprar. Según el estudio, esto se debe a que los arrendatarios compiten con inversores por la adquisición de las viviendas existentes. En Barcelona y Madrid, el 44% de las compras de 2020 se realizaron con hipoteca. En Lisboa el porcentaje baja al 41%, y en Buenos Aires es solo del 10%.

 Contratos inestables y pérdida de derechos  

Al mismo tiempo, la investigación considera que en Barcelona, Madrid y Lisboa, los contratos de alquiler “no ofrecen garantías reales de estabilidad”, dado que son de duración limitada “y sin control de precios”. Se trata de un hecho que, afirma el informe, se explica por un proceso “histórico” iniciado en la segunda mitad de los años 70 del siglo XX de “supresión legal de los derechos y garantías de los inquilinos, y en particular de los controles de alquiler y los contratos indefinidos”. En todas las ciudades analizadas, la precarización de los contratos y la informalidad “van en aumento”. En Barcelona, Madrid y Lisboa, los contratos protegidos “están en proceso de extinción”.

Por otro lado, la investigación detecta que en Barcelona y Madrid el 42,18% de los inquilinos ha encontrado “barreras” para alquilar, trabas que “van en aumento”. Además, la “erosión” de los derechos de los inquilinos tiene un impacto “negativo” sobre la calidad de las viviendas y genera “un mayor hacinamiento y convivencia forzada, que afecta cada vez a una capa mayor de la población”.

Así, el mercado del alquiler “genera condiciones de habitabilidad deficientes”, algo que pone de manifiesto el hecho de que en Barcelona, Madrid y Lisboa “más del 80%” de los inquilinos declara sufrir problemas graves en su vivienda.

Otros datos que revela la investigación son que entre un 30% y un 44% de los inquilinos que se han mudado recientemente lo han hecho de manera forzosa, o que hasta un tercio considera que tendrá que mudarse en el próximo año, “principalmente por subidas de precio o no renovación del contrato”. 6 de cada 10 llevan menos de cinco años en su vivienda actual.

Además, entre un 30% y un 40% de los hogares de inquilinos destinan más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler, en un mercado que, además, es “opaco”. Muchos inquilinos “no saben quién es el propietario” o no tienen suficiente información, una “falta de transparencia” que “debilita” el poder de negociación de los arrendatarios y “obstaculiza la creación de políticas públicas eficaces”.

Por todo ello, el informe propone adaptar los regímenes de propiedad del mercado del alquiler para dar “más protección” a los inquilinos y “evitar el aumento de la desigualdad urbana”. Para ello recomienda medidas como contratos estables e indefinidos, regulación de precios, impuestos progresivos sobre la propiedad y las rentas, prohibición de la compra especulativa, ampliación del parque público de vivienda de alquiler y mecanismos de adquisición preferente por parte de inquilinos y administraciones públicas.