Barcelona lanza nuevas ayudas para que las comunidades de vecinos prohíban los pisos turísticos

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto una nueva convocatoria de ayudas económicas para incentivar que las comunidades de propietarios prohíban los pisos turísticos en sus estatutos. La medida, impulsada a través del Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), busca dar soporte a las fincas que decidan blindarse contra esta actividad y, con ello, ampliar la oferta de alquiler residencial en la ciudad.

¿En qué consisten las ayudas?

La subvención está pensada para cubrir los gastos de la redacción o modificación de los estatutos de la comunidad. Según ha detallado Lourdes Ciuró, asesora jurídica del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL), las ayudas pueden alcanzar los 2.500 euros por comunidad para la creación de estatutos nuevos. El presupuesto total es de 56.000 euros anuales durante cuatro años y las solicitudes se atenderán por estricto orden de llegada hasta que se agoten los fondos.

El objetivo es facilitar que los vecinos puedan tomar acuerdos para evitar las consecuencias negativas de los pisos turísticos, que a menudo generan problemas de convivencia y un uso indebido de los elementos comunes. Siurau ha explicado que esta ayuda económica puede ser decisiva para comunidades que, aunque sufren estas molestias, no disponen de los recursos para afrontar el coste de cambiar los estatutos, especialmente si ya tienen que asumir otras derramas por obras de rehabilitación o mantenimiento.

Requisitos y tramitación

El procedimiento para acceder a la subvención ha sido diseñado para ser "muy sencillo". La comunidad debe estar legalmente constituida, tener NIF, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y haber adoptado el acuerdo de modificación o creación de los estatutos en junta. Una vez completado el proceso, el acuerdo debe inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Desde el Col·legi d’Administradors de Finques se ofrecerá soporte a las comunidades para facilitar toda la gestión. "El administrador se encargará de formalizar unos estatutos nuevos o de modificar los existentes", ha señalado Ciuró. Desde que se anunciaron las bases el pasado 27 de febrero, ya se ha detectado un notable interés y un "alud de llamadas" y peticiones por parte de las comunidades.

Lucha contra la inseguridad jurídica

Esta iniciativa se enmarca en las políticas municipales contra la exclusión residencial en un contexto de grave falta de vivienda asequible. Sin embargo, Lourdes Ciuró ha aprovechado para criticar otras normativas aprobadas por el Parlament de Catalunya, que en su opinión, provocan el "efecto contrario" al deseado.

No tanta criminalización del propietario, que es el auténtico perseguido"

Lourdes Ciuró, asesora jurídica del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL)

La asesora jurídica ha denunciado la "mucha inseguridad jurídica" que generan estas leyes, las cuales considera un factor "disuasorio" para que los propietarios pongan sus inmuebles en el mercado del alquiler. "No tanta criminalización del propietario, que es el auténtico perseguido", ha sentenciado Ciuró, refiriéndose a las consecuencias negativas que, a su juicio, estas normativas imponen sobre ellos.

Normas claras, normas que ayuden a poner vivienda en circulación"

Lourdes Ciuró, asesora jurídica del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL)

Frente a ello, ha defendido un modelo basado en la certidumbre y el apoyo. "Normas claras, normas que ayuden a poner vivienda en circulación a disposición de las personas para que sea asequible", ha reclamado. En su opinión, este es el camino para aumentar la oferta de alquiler y responder a la demanda ciudadana sin expulsar del mercado a los propietarios.