La nueva trampa del Gobierno para blindar a los okupas por séptimo año consecutivo

El Gobierno va a aprobar un nuevo decreto ómnibus que, bajo un compendio de medidas sociales, esconde la prórroga por séptimo año consecutivo de la protección a okupas e inquiocupas. La voz de alarma la ha dado Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de afectados por la ocupación e inquiocupación, quien ha calificado la maniobra de “chantaje político” en el programa “Herrera en COPE Cataluña”. Según Bravo, el Ejecutivo utiliza la subida de las pensiones y las ayudas al transporte como cebo para que los partidos políticos aprueben un paquete que perpetúa una medida concebida como “excepcional y temporal” durante la pandemia de 2020. Este decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre y publicado en el BOE en Nochebuena, se enfrenta a una votación clave el próximo 27 de diciembre, donde se decidirá el futuro de miles de pequeños propietarios.

Un “chantaje político” con las pensiones

La estrategia del Gobierno ha sido duramente criticada por Bravo, quien ha desvelado la táctica que se esconde detrás del decreto. “Fíjate lo que conlleva este decreto, que primero fue aprobado por consejo de ministros el día 23 de diciembre, en Nochebuena se publicó en el BOE, y el próximo día 27 de diciembre se vota con un pupurrí de medidas que no tienen absolutamente nada que ver”, ha explicado. Para el portavoz, la intención es clara: presionar al resto de formaciones políticas para que den su visto bueno a temas de gran calado social como las pensiones o el transporte. El problema es que, dentro de ese mismo paquete, se ha “colado” la extensión de la protección a quienes ocupan o dejan de pagar una vivienda.

Lo que supone es un chantaje político al resto partidos políticos para que voten a favor de las pensiones y del transporte"

La crítica de la plataforma se centra en que esta medida, lejos de ser temporal, parece haberse convertido en una política de vivienda estructural. “Lo que supone es un chantaje político al resto partidos políticos para que voten a favor de las pensiones y del transporte, pero también colando esta medida, que lo que hace es proteger por séptimo año consecutivo a okupas e inqueokupas”, ha sentenciado Bravo. Desde la plataforma señalan que el PSOE ha iniciado una campaña de presión, obviando deliberadamente la parte más controvertida del decreto. Se está vendiendo una subida de ayudas sociales mientras “se oculta esta medida por séptimo año consecutivo de ejecución”, ha añadido.

¿Quién es “vulnerable” según el decreto?

Uno de los puntos más polémicos que ha destacado Ricardo Bravo es la laxa definición de “familia vulnerable” que contempla la normativa. Según ha detallado, para ser considerado vulnerable basta con tener ingresos inferiores a 1.800 euros, una cifra que puede ascender hasta los 2.200 euros si se tienen hijos o personas mayores a cargo. Esta situación genera una profunda indefensión en los propietarios y una gran paradoja social. “Si tú estás ganando 1.750 euros, te puedes declarar vulnerable y dejar de pagar tu alquiler, y quedarte en una vivienda sin que te pase absolutamente nada”, ha ejemplificado Bravo.

Si estás ganando 1750 euros, te puedes declarar vulnerable y dejar de pagar tu alquiler"

En contraste, ha continuado, “si estás ganando 1.820 euros, lo que tienes que hacer es tributar, pagar tu alquiler, incluso mantener a estas familias o estas personas que están ganando 1.750 euros”. Esta perversión del sistema, según el portavoz, se agrava por el hecho de que la medida no viene acompañada de una dotación presupuestaria. El resultado es una “dejación total de funciones del Gobierno hacia las familias vulnerables”, ya que, en lugar de ofrecerles recursos habitacionales o económicos, se deriva “la responsabilidad de mantener a las supuestas familias vulnerables a quien tiene un piso en alquiler”. Bravo ha recordado que el 93,4% de las viviendas en alquiler pertenecen a familias trabajadoras que solo tienen una segunda propiedad.

Menos oferta y más inseguridad jurídica

Las consecuencias de estas políticas, según ha advertido Bravo, ya son visibles en el mercado del alquiler. La inseguridad jurídica ha provocado una retracción masiva de la oferta de viviendas. Barcelona es la ciudad más afectada, con cerca de 40.000 viviendas retiradas del mercado, lo que ha disparado la competencia hasta el punto de que hay “450 personas que ven una única vivienda en alquiler en la ciudad condal, esto es un dato inaudito”. La plataforma insiste en que la solución no pasa por medidas cosméticas, como la propuesta de la Generalitat de especificar en los anuncios si el propietario es un gran tenedor. Bravo ha calificado estas ideas de “tiritas” para una “enfermedad cronificada”.

La solución, para Ricardo Bravo, es contundente y pasa por un cambio de paradigma. “No podemos tener seguridad en el mercado de la vivienda en España si no hay una ley antiocupas ni una ley anti-inquiocupación”, ha afirmado. La plataforma exige medidas que garanticen la recuperación de la vivienda cuando los propietarios la necesiten, generando así la confianza necesaria para que más pisos vuelvan al mercado. Finalmente, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que “no se dejen llevar por este chantaje” y voten en contra del decreto ómnibus, exigiendo que las medidas se voten por separado. El objetivo es evitar que se siga “engañando a la sociedad española y catalana” con un paquete que, a su juicio, solo favorece la ocupación y la inquiocupación.