Adiós al botellón y las pintadas: Barcelona endurece sus multas por incivismo

El pleno de Barcelona ha aprobado este viernes la modificación de la ordenanza de civismo con los votos a favor del gobierno socialista, Junts y ERC. Esta actualización, que llega después de 20 años de la aprobación de la normativa original, busca endurecer las sanciones contra las conductas incívicas y acelerar el cobro de las multas, especialmente en el caso de los turistas. La propuesta ha contado con la abstención del PP y el voto en contra de BComú y Vox. La reforma es fruto de un pacto reciente entre el ejecutivo y las formaciones de Junts y ERC para adaptar la ley a los nuevos desafíos de convivencia en la ciudad.

Sanciones más duras y cobro inmediato

Una de las principales novedades de la nueva ordenanza es el aumento considerable de las sanciones para ciertas conductas. Por ejemplo, las rutas alcohólicas organizadas, conocidas como 'pub crawling', que ya estaban prohibidas, ahora se enfrentan a multas de hasta 3.000 euros. En cuanto al consumo de alcohol en la vía pública, los llamados botellones, las sanciones pueden alcanzar los 600 euros si se perturba la tranquilidad ciudadana o el descanso de los vecinos. La multa se eleva hasta los 1.500 euros si estas actividades se realizan en zonas con presencia de menores o si pueden incitar a su consumo.

Orinar en la calle también se castigará con más dureza, introduciendo agravantes que elevan las multas hasta los 750 euros cuando la infracción se cometa cerca de lavabos públicos, establecimientos de concurrencia pública como bares o restaurantes, o en calles con una anchura inferior a cuatro metros. Las pintadas y grafitis en lugares no autorizados serán sancionadas con hasta 600 euros, y el infractor deberá asumir el coste de la limpieza o reparación del espacio afectado. Además, la norma también penaliza actos que atenten contra la libertad sexual, como el exhibicionismo o la masturbación en público.

Para garantizar la efectividad de las multas, la Guardia Urbana de Barcelona incorporará datáfonos para que los turistas de fuera de España realicen el pago de manera inmediata en la misma calle. Esta medida busca combatir la dificultad histórica para cobrar las sanciones a los infractores no residentes. En el caso de los residentes en España, los agentes solo podrán realizar el cobro al momento si se trata de una sanción leve. El texto también incluye el compromiso de ampliar las medidas alternativas a la sanción y trabajar para prohibir la promoción del consumo de productos cannábicos ilegales en el espacio público.

El objetivo no es sancionar más, sino reducir el incivismo y garantizar una mejor convivencia"

Un pacto a tres con enfoque social

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido que la nueva ordenanza es “progresista” porque, según ha afirmado, “protege a quien más padece el incivismo”, citando a los barrios populares y al comercio de proximidad. Collboni ha reivindicado que las sanciones “no son incompatibles” con las políticas sociales y ha destacado el amplio consenso alcanzado. “La convivencia no depende de un solo color político”, ha señalado, argumentando que este acuerdo proporciona seguridad jurídica y continuidad en el tiempo.

Por su parte, el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, ha subrayado que la actualización se ha realizado “con el máximo consenso posible” y que “combina de forma equilibrada” el endurecimiento de las sanciones con el refuerzo del cobro y una “mirada social”. En este sentido, Batlle ha querido dejar claro que “el objetivo no es sancionar más, sino reducir el incivismo y garantizar una mejor convivencia”. Además, ha remarcado que la reforma “pone un énfasis especial en la protección de las personas en situación de vulnerabilidad”.

Quizá no es perfecta, pero seguro que es mejor que la que teníamos"

Jordi Coronas, concejal de ERC

Desde las filas de sus socios, el presidente de Junts per Barcelona, Jordi Martí, ha expresado que están “razonablemente satisfechos con el objetivo alcanzado” para poner fin al “descontrol” en la ciudad. Sin embargo, ha pedido al gobierno municipal que “haga cumplir” la norma y ha advertido a Collboni que desde su formación estarán “vigilantes”. “Esperamos que la voluntad de ganar votos no vaya en detrimento de la aplicación efectiva de la ordenanza”, ha sentenciado.

El concejal de ERC, Jordi Coronas, ha defendido la necesidad de la reforma, argumentando que existe un consenso “político y social” en que la ciudad ha cambiado en los últimos 20 años. “Quizá no es perfecta, pero seguro que es mejor que la que teníamos”, ha valorado Coronas, cuya formación ya había solicitado en 2023 una ordenanza más clara y “coherente”. Ha destacado que la prioridad de los republicanos ha sido incluir un enfoque social y de derechos para que no sea una herramienta meramente punitiva, priorizando la mediación, la protección de personas vulnerables y la ampliación de medidas alternativas “pedagógicas” que “consiguen mejores resultados”.

Críticas por parte de la oposición

La reforma también ha recibido duras críticas desde la oposición. El concejal de BComú, Marc Serra, ha calificado la modificación de “muy continuista” con un “modelo fracasado”. Para Serra, el problema de la ordenanza es su “ineficacia”, ya que, según él, la mayoría de las sanciones recaen sobre personas en situación de vulnerabilidad. “No funcionará. ¿Alguien piensa que subiendo las sanciones y bajando las bonificaciones se cobrarán las multas?”, ha cuestionado durante su intervención.

El presidente del PP, Daniel Sirera, aunque ha reconocido que se ha cumplido una de sus peticiones al subir los importes, ha asegurado que “no es cierto” que la nueva norma suponga “un punto de inflexión”. “Poca cosa más efectiva recoge la ordenanza”, ha apuntado. Sirera ha descrito un aumento del incivismo ante el que, en su opinión, “nadie actúa”. “Barcelona necesita autoridad, orden y resultados”, ha reclamado, proponiendo a Collboni que se comprometa a modificar la normativa autonómica para que los agentes cívicos tengan capacidad sancionadora. Finalmente, Vox ha rechazado la reforma, tildándola de “operación cosmética” que llega “tarde y mal”.