Castilla y León considera que el mando único obstaculizó la compra de EPIs
La Consejería de Sanidad responsabiliza al Ministerio de la escasez de equipos de protección para los profesionales sanitarios durante la crisis del COVID-19

Mercedes Pérez de Miguel, directora general de Profesionales
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La "protección" de los profesionales sanitarios frente al COVID-19 constituyó, junto a la "mejor" atención posible a los pacientes, la "prioridad" de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León durante la crisis sanitaria.
Según la directora general de Profesionales, Mercedes Pérez de Miguel, quien ha reconocido "cierta escasez" al inicio de la pandemia, ha quedado "acreditado" que la Junta de Castilla y León ha llevado a cabo "todas las actuaciones necesarias" para "asegurar" el suministro de equipos de protección individual (EPIs). No así el Ministerio, a quien recrimina haber repartido únicamente un 2,5 por ciento del total de 43,3 millones de unidades repartidas pese a asumir el 10 de marzo el mando único.
Durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para dar cuenta sobre las actuaciones de su departamento durante la pandemia, Pérez ha afirmado que la situación de partida era "idónea". El reparto de equipos de protección en centros sanitarios se venía efectuando de forma "regular" y "no constan" denuncias o quejas "previas" a la crisis sanitaria, ni de las centrales sindicales ni de particulares.
A principios del mes de febrero la Consejería contaba ya con un plan "específico" de actuación frente al nuevo coronavirus. Y, además, el 28 de febrero, según ha relatado Pérez, solicitó que las notificaciones a efectos de conocer el número de EPIs en cada centro se aumentaran a "dos veces por semana" ante la previsión de "una mayor necesidad" en lo sucesivo. Estas comunicaciones acabarían efectuándose a diario.
Sin embargo, la orden de 10 de marzo supuso un punto de inflexión para las comunidades autónomas que vieron como, y pese a ser los gestores de los servicios sanitarios en su territorio, se convertía al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad, en responsable "ünico" de garantizar el suministro de equipos de protección individual. Inhabilitando, así, a las comunidades autónomas para realizar sus propias compras..
Desde ese momento, ha relatado Pérez, la Consejería de Sanidad canalizó sus demandas hacia el Ministerio que "prácticamente no han podido ser atendidas". Y, en el caso de aquellas que sí lo fueron, se atendieron "tardíamente" y "en cantidad muy inferior a la demandada".
Siete días más tarde el Ministerio dio marcha atrás. "Por desgracia", ha lamentado la directora general de Profesionales, la situación se había "agravado" debido al desabastecimiento de artículos en el mercado mundial. La decisión del Ministerio, ha sentenciado Pérez, supuso "un obstáculo importante".



