En 1983, el socialista Demetrio Madrid se convertía en el primer presidente de la comunidad autónoma de Castilla y León como tal, después de que Juan Manuel Reol y José Manuel García Verdugo (ambos de UCD) hubieran estado al frente, desde 1978, de la entidad preautonómica denominada Consejo General de Castilla y León. Madrid encabezó la Junta hasta 1986, cuando dimitió debido a una causa judicial abierta en el ámbito laboral de una empresa relacionada con él. Le sucedió otro socialista, José Constantio Nalda, que se mantuvo en el cargo hasta 1987.

Entonces, el PP accedió a la Presidencia de la Junta, que no ha vuelto a dejar. José María Aznar, Jesús Posada, Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera antecedieron a Alfonso Fernández Mañueco, el actual presidente. En 2019, el PSOE estuvo cerca de volver a dirigir la Junta, al ser la fuerza más votada, con Luis Tudanca como candidato. Pero el pacto de PP y Ciudadanos terminón con esa opción. Y actualmente, otro gobierno de coalición, con Vox, mantiene a Mañueco en el poder.

Casi 37 años, por tanto, llevan los socialistas sin gobernar en Castilla y León. Y parece cundir algún tipo de desesperación. Un ejemplo llegaba este martes, en las Cortes regionales, con el debate y votación de una Proposición No de Ley (PNL) planteada por el PSOE sobre los Entornos Residenciales de Regeneración Programada (ERRP), herederos de las Áreas de Regeneración Urbana (ARU). En lo relativo a la capital segoviana, la propuesta de la Junta es la de subvencionar dos de esos entornos (en los barrios de San Millán y El Salvador), lo que deja fuera las propuestas para San Lorenzo y San José. La PNL socialista buscaba que las cuatro propuestas contasen con la aprobación.

El encargado de defenderla en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio era el procurador segoviano del PSOE, José Luis Vázquez, que, tras el recuento de la votación por parte de la presidencia de la comisión comentaba a su compañero de bancada, quizá considerando que el micrófono estaba cerrado que "hemos perdido otra vez (…) Toda la puta vida vamos a perder aquí (...) Todas las putas veces perdemos (...) Puta mierda”.

Tras esas palabras, alguien hacía ver al socialista segoviano la pertinencia de cerrar su micrófono, aunque las manifestaciones ya habían sido recogidas por la señal oficial de las Cortes de Castilla y León.

Grupo municipal del PP

Entretanto, desde el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Segovia valoran que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, haya confirmado "el avanzado estado de la tramitación de los planes" de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) para los barrios de San Millán y El Salvador a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia financiado a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Los programas rehabilitadores a los que accederá ahora el Ayuntamiento, suponen inversiones por unos 3,1 millones de euros y permitirán actuaciones en 284 viviendas, 108 en San Millán y 176 en El Salvador, como destacan los populares, en el gobierno de la ciudad desde junio de 2023. Asimismo, desde el Consistorio apuntan que también se planifica el acceso a planes rehabilitadores, además de los ya garantizados de San Millán y El Salvador, para otros barrios como San José-El Palo Mirasierra y San Lorenzo, "que seguirán tramitándose hasta su consecución".

En cualquier caso, en el debate de la PNL socialista, el procurador del PP por Segovia, Francisco Javier Carpio, explicaba que “los recursos de este programa estatal son limitados”, obligando al Ayuntamiento a establecer un orden de prelación entre los proyectos, ya que la cuantía total de los cuatro que persigue en este momento el Gobierno local resultaría inalcanzable, dada la capacidad presupuestaria del Consistorio de la capital segoviana.

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La Junta publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), en los próximos días la delimitación de ambos entornos como paso previo a la concesión de la subvención correspondiente al Ayuntamiento de Segovia y la firma del convenio entre las administraciones local, regional y estatal.

Filas socialistas

En cambio, desde las filas del PSOE segoviano aseguran que la Junta "entierra la regeneración urbana de los barrios de San José y San Lorenzo con la connivencia" del alcalde de la ciudad, José Mazarías. Agregan que el anterior gobierno municipal, presidido por la socialista Clara Martín, presentó al Ejecutivo regional la redacción de las cuatro memorias, por un importe de 115.000 euros, para acceder a las ayudas europeas a la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana en los barrios de San José, San Millán, El Salvador y San Lorenzo a través del programa de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP).

Así, estiman que el Gobierno autonómico pasa, de aportar un 46% en los anteriores programas, como el ARU de San José, a "no poner ni un solo euro" en estos ERRP, lo que supone "incrementar de forma importante la carga a las familias, muchas con ingresos modestos, y que tendrán grandes dificultades para afrontar las aportaciones": 6.311 euros por vivienda en San Millán y más de 8.000 euros en El Salvador, según los cálculos socialistas.

Por eso, consideran que la Junta "se ha limitado a remitir al Gobierno de España las memorias" para que pueda llevar a cabo su ejecución. Los ARUS de la Judería, Canonjías y San José, impulsados por el anterior gobierno municipal, "han sido toda una referencia en regeneración urbana en los últimos 20 años, hasta la llegada del PP a la alcaldía", agregan desde el PSOE en Segovia.

A su vez, el procurador socialista segoviano, José Luis Vázquez, ha señalado que “la ciudad de Segovia es un ejemplo paradigmático de éxito de este tipo de programas. Con el impulso de los fondos europeos gestionados por el Gobierno de España, el Ayuntamiento del PSOE presentó estos 4 programas. La Junta de Castilla y León ha pasado de financiar el 46% de las actuaciones a no aportar ni un solo céntimo. La contribución del Ayuntamiento era de un 33% y ahora será de un 20-25%, mientras que el Gobierno de España ahora financiará más del 40%”.