En las residencias salmantinas han muerto más de 400 personas de manera oficial, contando los sospechosos por covid la cifra supera las 600. Los socialistas echan la culpa a la junta de los problemas que hubo al principio de la pandemia y los cambios de criterio: no mandar a ancianos a hospitales, después mandar a los más graves y por último sólo se trasladarían si la residencia tomase esa responsabilidad como propia. El procurador de Salamanca por la comarca de Ciudad Rodrigo, Juan Luis Cepa:

Cepa ha recordado que la primera orden dada por el gobierno de Mañueco e Igea en aquellos momentos de crisis sanitaria fue que no se trasladará ningún residente a los hospitales, “desamparando a nuestros mayores y abandonándolos a su suerte”, después modificaron la norma para permitir este traslado en casos muy excepcionales siempre y cuando el residente tuviera serias opciones de recuperación, “hasta aquí fueron capaces de llegar”, para terminar optando por trasladar a aquellas personas que decidieran los equipos Covid de las residencias, “eludiendo toda su responsabilidad”. Aquí está el meollo y lo que hay que investigar y aclarar, “determinando la responsabilidad no solo política sino también jurídica, ética y moral”, ha señalado el procurador socialista.

Esta es la base y son las razones por la que PP y Ciudadanos siempre se han opuesto a que esta cuestión se investigue, ha añadido, “¿Cómo puede ser que Castilla y León sea la tercera comunidad de España donde hubo más fallecidos en la residencias?” Se ha preguntado el procurador salmantino, “eso quiere decir que algo se hizo mal y hay que investigarlo porque es fundamental”

La llegada de las vacunas han abierto un oasis de esperanza para los residentes y los trabajadores de estos centros. En la provincia se han vacunado alrededor del 90% de este personal. Con estos datos se ha reducido la mortalidad al máximo, en el mes de abril en toda la región solo hubo un fallecimiento por covid mientras que en abril 2020 fallecieron más de mil.