Familias numerosas, sin recursos o con problemas de inclusión. Los migrantes viven día a día problemas que se han incrementado con la llegada de la pandemia.

Salamanca no es una provincia xenófoba. En la ciudad se ve la convivencia diaria en barrios como Garrido y en la provincia los pueblos se abren a las nuevas culturas. La mejor manera de erradicar lo que queda, es trabajar en la conciencia social y contrastar las noticias que llegan de los medios. Javier González coordinador autonómico de CEPAIM explica para Cope Salamanca que los problemas más difíciles se han visto en la primavera, con la llegada del confinamiento muchas familias se vieron en pisos pequeños, sin recursos para realizar las tareas de los niños y muchos adultos perdieron su trabajo por la imposibilidad del teletrabajo.

Con esto, sus condiciones económicas se desplomaron y ahora intentan volver poco a poco a la normalidad con la ayuda de asociaciones como Cepaim. Este jueves desarrollan una jornada virtual para combatir las ideas preconcebidas de la sociedad sobre este colectivo. Contará con experiencias propias y se puede seguir desde las 10 de la mañana en la web de Desactiva Xenofobia Racismo

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TÓPICOS MÁS COMUNES SOBRE LOS MIGRANTES

¿Aumenta la delincuencia en los barrios en los que se instalan centros de menores extranjeros no acompañados?

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No, no hay datos que respalden la teoría de que los barrios en los que se instalan centros de menores extranjeros no acompañados aumenta la delincuencia.

¿Reciben los inmigrantes todos los medicamentos gratis?

No, las personas inmigrantes no reciben medicamentos gratis por el hecho de ser inmigrantes. Las aportaciones farmacéuticas se establecen en base a la renta de los usuarios, no a su origen o procedencia.

¿La mayoría de delitos que se cometen en España los realizan inmigrantes?

Las personas inmigrantes no cometen la mayoría de los delitos que se registran en España. Los datos más actualizados del Instituto Nacional de Estadística (INE) son de 2017 y muestran que la mayor parte de las personas condenadas eran de nacionalidad española: el 77,1% frente al 22,9% de personas extranjeras.