Berkeley Minera España, con fecha 4 de agosto, ha presentado escrito de alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, en el que con sólidos argumentos, desmonta una a una todas las cuestiones técnicas puestas de manifiesto en el informe desfavorable emitido por el CSN, que a juicio de la compañía son completamente inadmisibles y carecen totalmente de base técnica y jurídica. Berkeley también ha solicitado que se retrotraiga el procedimiento al mostrar graves deficiencias el informe del CSN que llega a requerir información sobre aspectos de etapas posteriores del licenciamiento que no forman parte de los requisitos legales para el otorgamiento de la Autorización de Construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva en el municipio salmantino de Retortillo.

Asimismo, Berkeley insiste en su escrito que se tenga en consideración la mejora voluntaria de la solicitud inicial, presentada el pasado 23 de julio en el que se da cabida a la justificación de todas las incertidumbres planteadas por el CSN. El MITECO ha prescindido del procedimiento, no atendiendo la solicitud de BME, lo que ha generado una clara indefensión a Berkeley, al haber obviado por completo dicha solicitud, en la que, además, se ha solicitado la suspensión del trámite de audiencia y el acceso a los expedientes de autorización de construcción y autorización de desmantelamiento de las instalaciones radiactivas de la Haba, en Badajoz y Saelices El Chico, en Salamanca, para verificar que las exigencias para estos proyectos ya autorizados y publicitados como éxito por su promotor, no son comparables a las que ahora se le exigen a Berkeley, por lo que se estaría vulnerando el principio de igualdad.

Desde el punto de vista de la compañía, es técnicamente imposible sostener que su proyecto no cumple con los requisitos exigidos por la reglamentación española e internacional para obtener la Autorización de Construcción del proyecto Retortillo. Sin embargo, el CSN ha adoptado una decisión arbitraria y sin sustento legal ni técnico, pese a los perjuicios que la misma genera para Berkeley, que, de seguir adelante, verá así indebidamente frustrado su proyecto, con el consecuente perjuicio en las inversiones comprometidas y, por tanto, en sus accionistas. Este hecho puede dar lugar a posible responsabilidad patrimonial de la Administración y también a responsabilidad personal de las personas a cargo del expediente, administrativa y de otra índole, cuyo alcance, si procede, la empresa analizará en su momento.

Injerencias de diversos políticos

A pesar de que la compañía ha reclamado que no haya injerencias por parte de la clase política, ya que la aprobación del proyecto Retortillo es una decisión estrictamente técnica, los comentarios públicos de diversos políticos han puesto de manifiesto cómo la incidencia política ha impregnado el expediente desde el inicio de sus trámites.

Además de las irregularidades procedimentales tanto técnicas como jurídicas, se ha recalcado el impacto del proceso de aprobación de la Ley de Cambio Climático, en el que los grupos parlamentarios en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han pactado una enmienda diseñada para suprimir de plano el proyecto de Berkeley, el único proyecto de minería de uranio en España. Esta enmienda habría supuesto la expropiación, sin ningún tipo de compensación, de los derechos adquiridos por Berkeley. Sin establecer ningún tipo de régimen transitorio, este artículo habría resultado inconstitucional. A la vista de la imposibilidad jurídica de aprobar esa enmienda, se ha optado por adoptar una decisión arbitraria en el expediente para frustrar así el proyecto Retortillo de Berkeley.