Mario Iceta declara como comisario pontificio tras las acusaciones de las exmonjas de Belorado: "Que se restablezca la verdad y la justicia"

El arzobispo de Burgos y comisario pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, Mario Iceta, ha declarado este miércoles ante el Juzgado de Briviesca por la denuncia presentada por las exmonjas clarisas de Belorado, quienes lo acusan de coacciones, administración desleal y revelación de secretos. 

Iceta ha rechazado las acusaciones y ha afirmado que son “falsas”, insistiendo en que tiene autoridad legal y canónica sobre los monasterios, pese a que las exreligiosas le impiden ejercerla. El Ministerio Fiscal ha reiterado que no aprecia delito penal en los hechos atribuidos al prelado, quien asegura haber actuado conforme al Derecho Canónico y bajo mandato de la Santa Sede.

"Mi misión es proteger los bienes de la Iglesia"  

El arzobispo ha comparecido este martes en el Juzgado de Instrucción tras la reapertura del caso que había sido archivado previamente por el Juzgado de Briviesca. Según explicó, la Audiencia Provincial de Burgos revocó el sobreseimiento el 4 de marzo por considerar que fue una decisión "prematura" y "sin motivación", al no haberse practicado diligencias mínimas como la toma de declaración al denunciado.

Durante su intervención, Iceta ha rechazado rotundamente las acusaciones de coacciones, alegando que en ningún momento ha "impuesto nada a nadie" ni vulnerado derechos. "He actuado como comisario pontificio, no como arzobispo de Burgos. Es una responsabilidad que me ha sido encomendada por la Santa Sede", ha asegurado.

Iceta ha subrayado que el Ministerio Fiscal ha pedido de nuevo el archivo de la causa, al no encontrar relevancia penal en los hechos. "La Fiscalía afirma que no se ha producido ninguna constricción de derechos", recalcó.

360.000 euros para evitar la quiebra de los monasterios  

El prelado detalló el trabajo que ha realizado desde su nombramiento como comisario en mayo de 2024: “Hemos hecho frente a pagos de nóminas, seguros sociales, préstamos y sanciones administrativas sin tener acceso a toda la información económica, que se ha solicitado en seis ocasiones sin respuesta”.

El arzobispo explicó que, cuando asumió la administración, "solo había 6.000 euros en las cuentas". Desde entonces, la Federación de clarisas ha aportado 360.000 euros para mantener los monasterios en funcionamiento. “En mayo o junio se decía que en septiembre estarían cerrados y embargados por los bancos. Estamos en mayo del año siguiente y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir”, sentenció.

Sobre la gestión interna, denunció que se desconoce parte de los contratos de telefonía, el estado de los vehículos e incluso la identidad de todas las líneas contratadas, además de problemas con trabajadores y facturas opacas, como la venta de chocolates sin trazabilidad contable. "Nos consta que se cobraban los chocolates y su transporte, pero ese dinero no ingresaba en nuestras cuentas", afirmó. 

Críticas a las religiosas cismáticas y respaldo de la Fiscalía  

Iceta ha apuntado directamente a las religiosas díscolas que protagonizaron el cisma al abandonar la obediencia a la Iglesia, acusándolas de estar detrás de una estrategia judicial para apropiarse de bienes eclesiásticos. “Lo que se está intentando es transformar bienes de titularidad canónica en patrimonio privado, algo que no es conforme a Derecho”, aseguró.

También mencionó que las monjas han llevado el caso a la jurisdicción contencioso-administrativa contra el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, en un intento por inscribir su nueva asociación en el registro civil, algo que, según Iceta, ha sido rechazado porque "no se puede cambiar la naturaleza jurídica de una entidad eclesial".

El Ministerio Fiscal, en su respuesta a esta denuncia civil, lo respalda: “Invocan la vulneración de derechos fundamentales con el único propósito de cambiar la titularidad de unos bienes inmuebles que pertenecen a la Iglesia”.

Finalmente, Iceta reiteró que seguirá cumpliendo con la encomienda de la Santa Sede, ya que  “desde mi nombramiento como comisario pontificio tengo la obligación de administrar conforme al derecho. No he vulnerado la intimidad de nadie, ni se ha revelado información confidencial, solo datos globales como los que se publican en el portal de transparencia de la diócesis”. El arzobispo de Burgos ha insistido en que su objetivo es "que restablezca la verdad y la justicia".