Burgos es la ciudad de España donde los consumidores hacen más uso de la mediación y el arbitraje de consumo, según lo acredita el Ministerio de Sanidad y Consumo al conceder a la Junta Arbitral del Ayuntamiento de Burgos 82.435,21 euros, la mayor subvención de todas las otorgadas a las Juntas Arbitrales de los ayuntamientos y diputaciones de España.

El Ayuntamiento de Burgos cuenta con dos servicios para atender las reclamaciones de los burgaleses, que son la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) creada en 1984 y la Junta Arbitral de Consumo creada en 1996. Y, según el Ministerio del ramo, los burgaleses son los ciudadanos españoles que más uso hacen de estos servicios.

El reparto que hace el Ministerio es proporcional al volumen de actividad de cada Junta Arbitral, por lo que recibe más, la que mayor actividad tiene, según precisaron fuentes municipales. La Junta Arbitral de Burgos es líder a nivel nacional y de Castilla y León. De hecho, indicaron que dobla en cuantía recibida a la Municipal de Madrid o de Barcelona, cuadruplica a la Municipal de Valladolid, Salamanca, León, Córdoba, Gijón, Granada, Cádiz y Almería y es ocho veces superior a la de los Ayuntamientos de Segovia, Zamora, Soria y Huelva.

Anualmente acuden a los servicios de consumo del Ayuntamiento de Burgos, unas 20.000 personas a asesorarse o pedir información sobre sus derechos como consumidores. Por otra parte, el Ayuntamiento de Burgos dispone de dos mecanismos extrajudiciales de resoluciones de reclamaciones, voluntarias y gratuitas, que anualmente realizan cerca de 2.000 actos de mediación y unos 1.200 arbitrajes de consumo.

La mediación pretende lograr un acuerdo amistoso entre las partes, que ponga fin a la controversia, mientras que el arbitraje de consumo resuelve mediante laudo arbitral de obligado cumplimiento que tiene valor de sentencia judicial, y es dictado por un tribunal colegiado independiente, formado por tres árbitros, dos de los cuales, mayoritariamente abogados en ejercicio, son independientes de la administración municipal, previamente propuestos por asociaciones de empresarios, profesionales, comercio y consumidores.

Dado el carácter voluntario del arbitraje de consumo, ambas partes deben manifestar su voluntad expresa de someter la controversia a dicho sistema. Por ello, para favorecer el conocimiento y difusión del arbitraje de consumo, el Ayuntamiento ha realizado campañas de sensibilización empresarial, fruto de las cuales, 3.254 empresarios y profesionales de la ciudad y otros que prestan servicios en el término municipal, están adheridos al arbitraje, lo que implica que las reclamaciones de sus clientes pueden ser resueltas por esta vía imparcial y gratuita.

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Todos los establecimientos adheridos al arbitraje de consumo cuentan con un distintivo oficial que permite a sus clientes identificarlos, otorgando a sus compras y contrataciones una garantía adicional, ya que saben, que en caso de controversia su reclamación podrá ser resuelta con garantía de imparcialidad y sin gastos adicionales. Por ello, lo que lo más aconsejable es acudir a establecimientos o empresas adheridos al arbitraje de consumo, concluyeron.