El Palacio de Congresos de Toledo acoge el XXIV Congreso Nacional de Auditoría, donde centenares de profesionales del sector debaten sobre los retos a futuro de la profesión. Entre las principales reivindicaciones puestas de manifiesto en la cita, los auditores apuestan por un nuevo modelo de supervisión y poder consensuar un nuevo reglamento, ya en trámite de audiencia desde principios de este mes.

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Ferrán Rodríguez, ha protagonizado la inauguración de la cita acompañado de la subsecretaria del Ministerio de Economía y Empresa, María Amparo López.

Rodríguez ha asegurado en su intervención que la organización que dirige "está a disposición del Ministerio y del ICAC para seguir trabajando y llegar a un texto que cumpla con dos características: que sea producto de un amplio acuerdo y que ayude a los auditores a centrar sus esfuerzos en mejorar la calidad de su trabajo".

Según ha informado el Instituto en nota de prensa, España "fue el primer país de Europa en adaptar la normativa europea y la ley aprobada en 2015 no satisfizo las expectativas de los profesionales porque se realizó a espaldas del sector, sin considerar los procesos normativos del resto de estados y sin el consenso de los grupos parlamentarios, que no consiguieron que se aprobara ni una de las 300 enmiendas presentadas".

En opinión del Instituto de Censores Jurados, el borrador sometido a audiencia pública generaría, en caso de ser aprobado con su redacción actual, problemas importantes.

"Entendemos que no ayuda a aclarar ni a mejorar la Ley de Auditoría de Cuentas en aspectos claves. Generaría cargas administrativas que se pueden evitar y que ya son muy elevadas", ha manifestado Ferrán Rodríguez.

Según ha dicho, el reglamento "establece límites a la libertad de empresa al tratar de imponer un modelo único de organización interna".

"Nos aleja de Europa y de la normativa internacional y limita la libre competencia al establecer condiciones para los auditores de entidades de interés público que los auditores medianos y pequeños tendrán difícil cumplir", ha enfatizado.

SUPERVISIÓN INDEPENDIENTE

Para Rodríguez, el supervisor, como los auditores, "tiene que ser independiente", y de esta forma "se eliminaría uno de los principales problemas con el que se encuentran los auditores". "Nuestras normas son más principios que preceptos detallados, por lo que siempre existe un margen para su interpretación subjetiva", ha añadido.

Por ello, un supervisor independiente reduciría este problema "al mínimo", ya que permitiría tener un carácter más prudencial, anticipándose a los problemas, algo que generaría efectos positivos no sólo a los auditores, sino también a sus clientes.