El Defensor del Pueblo reprende al alcalde de Guadalajara

El Defensor del Pueblo ha reprendido al alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, "por su “opacidad” y la “obstrucción al acceso a la información municipal” a los grupos políticos de la oposición “limitando sus funciones y vulnerando sus derechos”.

Es la consecuencia de la queja que el Grupo Popular en el consistorio de la capital presentó a esta institución. Su portavoz, Jaime Carnicero, ha explicado que "el Defensor del Puelbo censura la actitud y la gestión de Alberto Rojo en transparencia y en la tramitación de todos los expedientes y en el libre ejercicio de los concejales que componemos la Oposición" y ha añadido que "desde la Oposición, desde el Grupo Popular, exigimos, puesto que es un derecho fundamental que tenemos todos los concejales de la oposición, que deje de coaccionarnos y limitarnos y que nos dé el libre ejercicio y acceso a todos los expedientes que conforman el ordenamiento del Ayuntamiento de Guadalajara, tal y como dictamina el Defensor del Pueblo".

En opinión del portavoz popular, la actitud de Rojo responde a su inseguridad, “por eso intenta tapar los expedientes, se ve superado por las circunstancias de manera constante y tiene miedo a la oposición, por eso nos abronca públicamente, y por eso ha intentado por todos los medios limitarnos el acceso a los expedientes”.

Por su parte, la concejala Itziar Asenjo ha denunciado las condiciones en las que la oposición accede a los expedientes municipales, ya que, tal y como ha denunciado estar siendo "vigilados mientras intentábamos acceder a la información; además, los expedientes no podíamos descargarlos y, por lo tanto, tampoco podíamos hacer un estudio posterior del los mismos", circunstancias que, ha concluido, "no nos permite hacer nuestro trabajo de forma correcta y cumplir con nuestro deber de control y fiscalización del Equipo de Gobierno".

Según el Grupo Popular, con estas prácticas, el alcalde de la capital vulnera el artículo 23 de la Constitución, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Transparencia y, por tanto, le exigen que cambie de actitud, cumpla la resolución del Defensor del Pueblo y deje a la oposición ejercer su "derecho y deber de acceder a todos los expedientes de forma electrónica, sin impedimientos o excusas", para poder realizar su trabajo.

Porque, tal y como ha terminado apuntando Jaime Carnicero, “ahora mismo ha sido el Defensor del Pueblo el que le recrimina su actitud, pero también fue la Junta Electoral la que tuvo que recriminar a Rojo y a sus concejales que utilizaran el salón de plenos de forma electoralista y para fines partidistas del PSOE y el otro día fue el Gobierno de España el que le dejaba en mal lugar al manifestar que no habían solicitado una reformulación del programa de empleo conseguido por el anterior gobierno del PP por 3,5 millones de euros dejándolos perder”.