El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha anunciado este jueves que Cuenca será la sede del Centro de Estudios Penitenciarios, una decisión "difícil y muy meditada" pero en la que se han valorado los aspectos positivos de la candidatura conquense.

La ciudad de Cuenca albergará la sede del Centro de Estudios Penitenciarios en la que se impartirá la formación de los profesionales de Prisiones. Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), ha hecho el anuncio esta mañana durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso para informar de las actuaciones generales de la Secretaría General de IIPP.

En esa decisión –“muy difícil y muy meditada”, ha dicho- ha pesado la oferta en infraestructuras presentada por la ciudad castellano-manchega.

El Centro contará con la residencia universitaria María de Molina y con el complejo en el que se encuentra ubicado el colegio San Julián. Se ha valorado además la posibilidad de que puedan utilizarse también las dependencias de la Universidad de Castilla-La Mancha. Instalaciones que, según Ortiz, “se adaptan a las necesidades que tiene la Administración penitenciaria”.

“Otra razón de peso ha sido la circunstancia –recientemente reconocida por la Comisión Europea- de que Cuenca y su provincia son dos de las zonas más despobladas de nuestro país”, ha explicado el secretario general de IIPP.

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha celebrado este anuncio y ha subrayado la importancia que tiene para Cuenca esta designación, al ser un revulsivo que puede contribuir a paliar en parte uno de los grandes objetivos del Gobierno de España, el reto demográfico, ya que permitirá generar un movimiento económico que ayudaría a fijar población.

Tierraseca ha señalado el absoluto compromiso que tanto la Delegación como la Subdelegación del Gobierno en Cuenca han mantenido con la candidatura conquense, que se presentó en el mes de enero por el Ayuntamiento de Cuenca con el respaldo unánime de todas las instituciones y de la Universidad de Castilla-La Mancha, y que se ha desarrollado con el trabajo “intenso” de todas las partes implicadas.

El Centro tiene como objetivo proporcionar a los empleados públicos penitenciarios una formación actualizada y adecuada a las competencias y funciones que tienen encomendadas, convirtiéndose en un foro de participación, capaz de promover el encuentro de los profesionales, instituciones y organismos, nacionales o internacionales, que tengan relación con el delito, el delincuente y el derecho penitenciario.

PROYECTO CON CONSENSO EN C-LM

La ubicación del centro en Cuenca había generado gran consenso entre las administraciones y partidos de la región. Así, el 27 de agosto del pasado año el pleno del Ayuntamiento conquense aprobaba por unanimidad pedir al Gobierno de España que el Centro de Estudios Penitenciarios se instalase en la ciudad, creándose así un espacio cuya función sería la planificación y gestión de la formación de todo el personal de instituciones penitenciarias, proporcionando una formación de calidad y dando respuesta a las necesidades que conlleva la evolución de la carrera profesional de los empleados públicos penitenciarios.

Misma unanimidad que se consiguió poco después en las Cortes regionales, donde los tres grupos políticos --PSOE, PP y Ciudadanos-- aprobaban el 17 de septiembre una declaración institucional a favor de la llegada a Cuenca del centro.

"La especial situación de la ciudad de Cuenca, que está ubicada en el centro del territorio nacional e inserta en Castilla-La Mancha, en la que no hay ninguna macro-prisión, contribuirá al modelo de descentralización de organismos administrativos promulgado por el Gobierno que complementa la política de freno a la despoblación", se indicaba en esta declaración.

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Así, quedaba aprobado solicitar al Gobierno central la adopción de medidas urgentes con el fin de frenar la despoblación, para la provincia de Cuenca, entre las que se reclamaba la ubicación del Centro de Estudios Penitenciarios en su capital, en el marco de su objetivo de dar oportunidades al territorio despoblado, creando dichas oportunidades donde no existen.

Asimismo, se requería "el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha para la defensa y apoyo" a esta petición en beneficio de la ciudad de Cuenca, sirviendo si fuera preciso de interlocutor válido para la consecución de la medida solicitada.

De este modo, con esta declaración institucional, se daba traslado a todos los grupos parlamentarios en Congreso y Senado, solicitando su apoyo en defensa de la ubicación de Centros de Estudios Penitenciarios en la ciudad de Cuenca.

De igual modo, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, se pronunciaba en el mes de noviembre, cuando aún era candidato a la Rectoría, poniendo a disposición del Ministerio del Interior los conocimientos de la UCLM en materia de gestión penitenciaria con la vista puesta en el futuro Centro de Estudios Penitenciarios.

La ley recoge de la siguiente manera la necesidad de estos centros:

La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, establece, en cumplimiento del artículo 25.2 de la Constitución Española, que las instituciones penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una laboral asistencial y de ayuda para internos y liberados.

Para el cumplimiento de estos objetivos, es necesario proporcionar a los empleados públicos penitenciarios una formación actualizada y adecuada a las competencias y funciones que tienen encomendadas.

Esta formación ha de constituir un elemento esencial en la estrategia de cambio y modernización de la Administración Penitenciaria, un factor básico para incrementar la motivación y la integración de los empleados públicos penitenciarios y un mecanismo eficaz e indispensable para articular la promoción y la carrera administrativa.

El artículo 80.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que, antes de iniciar su actividad, los funcionarios penitenciarios deberán recibir la formación específica, tanto teórica como práctica, en el centro oficial adecuado que reglamentariamente se determine.

El Real Decreto 1885/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, en su artículo 7, apartado 6, crea el Centro de Estudios Penitenciarios, bajo la dependencia de la Subdirección General de Personal de Instituciones Penitenciarias.

Este centro ha de ser un foro de participación, capaz de promover el encuentro de los profesionales, instituciones y organismos, nacionales o internacionales, que tengan relación con el delito, el delincuente y el derecho penitenciario.