Abogados y procuradores se concentran en Santander para reclamar la reactivación de la justicia

Cerca de 200 profesionales de la procura, la abogacía, así como jueces, fiscales se han sumado a la concentración celebrada esta mañana ante el juzgado de Las Salesas en Santander dentro de la campaña organizada por Abogacía Española a nivel nacional.

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General que representa a todos los Colegios de la Abogacía de España ha participado en la manifestación en Santander en la que el Decano del Colegio ha leído un manifiesto en el que se reclama un pacto de Estado por la Justicia.

De los 1.250 abogados ejercientes en Cantabria, el 95% desarrolla su labor ante los Tribunales. Actualmente se estima que se están produciendo debido a la huelga hasta un 57% menos de notificaciones y hay despachos que ya han comunicado descensos de su actividad y de sus ingresos en torno al 50%.

A falta de conocer los datos del segundo trimestre, ya se sabe que en los tres primeros meses del año los Tribunales cántabros recibieron un 15% menos de casos, lo que a juicio de Andrés de Diego demuestra el desánimo que la situación está creando entre la ciudadanía, un desánimo creciente porque la previsión según ha explicado el Decano del ICA “se va a agravar por las demoras asociadas al periodo electoral lo que nos puede llevar a que esta huelga dure ocho meses.

Manifiesto

La actual situación del servicio público de justicia es insostenible. El servicio público de justicia lleva paralizado por diversas huelgas desde hace más de 4 meses, sin cumplimiento efectivo de los servicios mínimos y sin visos de solución. Los participantes han leído un manifiesto en el que reclaman "un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia, y medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados".

Las recientes y sucesivas convocatorias de huelgas de distintos colectivos de la justicia se suman a un déficit histórico y estructural que el servicio público arrastra desde hace décadas. Tras 4 meses consecutivos de huelgas, se siguen suspendiendo continuamente decenas de miles de vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso, dejando miles de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada, y señalamientos fijados ya para fechas tan irrazonables como el año 2027.

Es descorazonador que los ciudadanos y profesionales de la justicia tengamos que concentrarnos ante las sedes judiciales para recordar a los poderes públicos algo tan evidente como que la tutela judicial efectiva es fundamental para el normal funcionamiento del Estado de Derecho y, por tanto, la propia vida en sociedad, dado que tiene por función resolver los conflictos, dotando así de seguridad y confianza a la ciudadanía.

Es desolador que tengamos que concentrarnos para recordar que la parálisis del servicio público afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas, así como de los profesionales que defienden sus derechos ante juzgados y tribunales, y que tampoco pueden trabajar.

Nuestro Estado social y democrático de Derecho requiere de una Justicia pronta y de calidad. Sin Justicia no hay democracia ni libertad. La pronta solución de la parálisis del servicio público es una cuestión de Estado.

El actual deterioro del funcionamiento e imagen institucional de la Justicia nos afecta a todos. Con miles de procedimientos paralizados y unos tiempos de respuesta muy largos. "Reclamamos un Pacto de Estado tras las elecciones generales del 23 de julio, que permita crear un servicio público, efectivo y de calidad, durante la próxima legislatura.