Cantabria amplía las indemnizaciones a víctimas del terrorismo

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado el proyecto de Ley que modifica la Ley autonómica 1/2023, de 5 de abril, de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo con el que se amplían los objetivos de la norma y la cobertura de las indemnizaciones, extendiéndola en beneficio de más víctimas y sus familiares.

El Gobierno autonómico pedirá al Parlamento su tramitación directa por procedimiento de urgencia y en lectura única, dada la naturaleza del proyecto y la simplicidad de la norma, que ha sido además acordada y pactada con la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE) y con la que el Ejecutivo da cumplimiento a la proposición no de ley aprobada el pasado mes de abril por la propia Cámara legislativa.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha valorado el nuevo paso dado por el Gobierno presidido por María José Sáenz de Buruaga para satisfacer “el derecho a la reparación integral” de las víctimas del terrorismo y “devolver la deuda que la sociedad cántabra tiene con aquellos que sufrieron los atentados y sus familiares”.

Actualmente, ha dicho, Cantabria “es una comunidad referente en el apoyo económico, material y moral” al colectivo y ha recordado este Gobierno ha sido el primero de Cantabria en la creación de una dirección específica para la protección de las víctimas del terrorismo –la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo-, y de un programa presupuestario “exclusivo” para esta finalidad. Además, ha cumplido “en tiempo record” las medidas económicas y de reconocimiento y homenaje previstas en la norma autonómica que lleva vigente poco más de dos años.

En este periodo de tiempo, ha apuntado la consejera, se han aprobado los primeros expedientes indemnizatorios a 35 víctimas, por un importe total de más de 1,3 millones de euros, que ahora se verán ampliados con el nuevo proyecto de Ley.

Igualmente, el Gobierno cántabro ha organizado actos de homenaje y reconocimiento a las víctimas y ha creado nuevas distinciones autonómicas específicas para este colectivo como son la Medalla de Cantabria a las víctimas del terrorismo y la Medalla en defensa y atención al colectivo, que el próximo año 2026 cumplirán su tercera edición, habiéndose reconocido hasta el momento a un total de once personas y entidades.

Por último, la consejera de Presidencia ha apuntado que todos estos avances para una “cobertura global” en beneficio de las víctimas se han realizado de la mano de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE), como es el caso, ha reiterado, del contenido de la nueva norma autonómica, garantizando, al mismo tiempo, las mayores oportunidades de participación ciudadana durante su elaboración, mediante su sometimiento al trámite de consulta previa y al de audiencia e información pública del texto.

ALCANCE DEL PROYECTO DE LEY

La modificación de la Ley 1/2023, aprobada hoy por el Consejo de Gobierno en una reunión extraordinaria, ahonda y extiende el sistema de reparación integral de los daños causados por las actuaciones terroristas y en una mejor defensa de los intereses de las víctimas de terrorismo.

En este contexto, se han ampliado como beneficiarios de las ayudas económicas a los herederos de quienes, teniendo derecho a recibir las indemnizaciones previstas, hubieran fallecido antes de la entrada en vigor de la ley autonómica de 2023, siempre que los herederos fueran cónyuges o personas ligadas a ellas por análoga relación de afectividad o parientes consanguíneos dentro del segundo grado.

Por otro parte, la nueva norma amplía los supuestos merecedores de indemnización, extendiéndola a las víctimas de secuestro y de amenaza o coacciones directas y reiteradas de organizaciones terroristas cuando, en este último caso, hubieran determinado la necesidad de establecer su centro de vida familiar en alguno de los municipios de Cantabria.

En este supuesto, se establecen nuevos criterios de exigencia de empadronamiento para facilitar su efectiva aplicación, delimitando la fecha del cambio de residencia y la extensión del empadronamiento hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2023 de Cantabria.

De cualquier forma, en estos nuevos casos también se requerirá el resto de cumplimientos legales para la concesión de las indemnizaciones y el previo reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de la condición de víctima.

El proyecto de Ley consta de 6 artículos, una disposición transitoria y una disposición final.