El que fuera alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (Coalición Canaria), ha recibido en la prisión de Tenerife II, donde cumple una condena de siete años de cárcel por malversación y prevaricación, tras la sentencia del Caso las Teresitas, la noticia de la apertura de un proceso judicial contra él.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, en el marco de unas diligencias previas, ha citado a declarar como investigados –el término procesal que sustituye al de imputado- al propio Zerolo así como a Pablo Abril-Martorel Hernández, consejero delegado de EMMASA en representación de la entidad SACYR.

La vía penal tiene su origen en la denuncia presentada por Ramón Trujillo, concejal de Podemos en la capital tinerfeña, 12 de enero de 2021 ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, así como la presentado en los juzgados en el mes de marzo de este año.

Según los hechos denunciados y que ahora trata de aclarar la jueza de instrucción, los ahora investigados, acordaron en el Consejo de Administración de Emmasa la devolución ilegal del canon de 59 millones que había pagado Sacyr-Vallehermoso al Ayuntamiento de Santa Cruz por las infraestructuras de la empresa del servicio de aguas en la capital tinerfeña.

PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS

Los hechos que se investigan ahora tienen su origen en una reunión del Consejo de Administración de Emmasa –el 27 de junio de 2007- en donde se acordó que el canon que la empresa debía pagar al consistorio -59 millones de euros- no se ingresase, si no que como se contabilizase como “deuda con empresas de grupo”. Esto entiendo la jueza de instrucción que no se ajusta al contrato suscrito con el consistorio, pues dicha cantidad formaba parte del precio del contrato. Así como consecuencia de la adopción de dicho Acuerdo EMMASA ha ido abonando a SACYR cantidades anuales con el consiguiente perjuicio a la entidad pública.

La jueza limita la investigación a las reuniones hasta el 15 de junio de 2011, estando prescritas las anteriores, lo que por ejemplo libra de la investigación a Norberto Plasencia, condenado en el denominado “Caso Mamotrero”. Tendrán que acudir en calidad de testigos, entre otros, el actual alcalde, José Manuel Bermúdez, el secretario municipal, Luis Prieto, Elena González, interventora del consistorio o el empresario Juan Miguel Sanjuán.

Es por ello, que al estar presente en esta Martorell y Zerolo son los únicos investigados en esta causa. No obstante, en calidad de testigos tendrán que acudir a lo largo del mes de mayo,

Cabe recordar que durante los distintos gobiernos de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz, los pagos a Sacyr, a través de Emmasa, pasaron desapercibidos en los controles municipales. Sin embargo, poco antes de las elecciones del año 2019, en concreto en el mes de marzo, un informe daba cuenta de no haber encontrado soporte documental de la deuda.

Posteriormente, otro informe ya con el gobierno de Patricia Hernández (PSOE) en la Casa de los Dragos, reiteró que no existía documento alguno que sustentara el pago, y que la deuda en favor de Sacyr había sido tomada "de manera unilateral" y sin sustento contractual. Por eso, el consistorio dirigido en en aquel momento por Hernández decidió paralizar el pago una vez que los servicios jurídicos municipales, el secretario del Pleno y la Intervención municipal han constatado que no existe base legal para una operación.