El próximo viernes a las doce y cuarto de la mañana, en la sede de presidencia de Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, se firmará el acuerdo con el que se pretende terminar la temporalidad de miles de empleados públicos de la Administración General de la comunidad autónoma. En COPE Canarias ha estado Manuel González, secretario general de SEPCA y Rafael Rodríguez, coordinador de Administraciones públicas de Intersindical Canaria, quienes han defendido las virtudes del acuerdo. En concreto en uno de los puntos principales mismo se recoge el hecho de que el personal en abuso de temporalidad “se quede fijo hasta la extinción de esa plaza, esto es, hasta su jubilación”, sin que por lo tanto, la Administración pueda sacar hasta que se extinga la relación laboral esa plaza a concurso público.

Sobre el hecho de considerar a todo el personal igual sin tener en cuenta el método de acceso a la Administración Pública –oposición, concurso-oposición o entrevista- creen los sindicalistas que es “indiferente”, en tanto en cuanto ha sido la propia administración quien ha establecido la forma de acceso.

Otro elemento que según estas mismas fuentes no se tendrá en cuenta será la nota que hayan obtenido estas personas en la prueba, puesto que “ya han demostrado su capacidad al desarrollar su trabajo”, reconociendo que esto supondrá que se le reconocerá la fijeza a personas que suspendieron su examen, pero consiguieron entrar en una bolsa de empleo.

“NO SE HARÁN FIJOS A ENCHUFADOS”

La firma de este acuerdo después de varios meses de movilizaciones ha provocado las dudas de parte de la población acerca de quién se beneficiará de la fijeza. Ambos representantes han explicado que no se trata de enchufados “es personal que ha accedido garantizando la igualdad, el mérito y la capacidad”, eso sí, para después apuntillar que en otras ocasiones ha bastado una entrevista personal para acceder a un puesto público.

En el pacto alcanzado se contempla la constitución de dos grupos técnicos de trabajo que analizará la situación. Así, uno de los estos se dedicará a identificar a los empleados que se encuentran en situación de abuso de temporalidad en los diferentes departamentos de la Administración General.

Los sindicatos solicitan que el personal que se había incluido para los procesos de estabilización y consolidación se amplíe a los que están en la Administración después de diciembre de 2014 y que lleven más de tres años consecutivos en sus puestos, sin que sus plazas hayan salido a concurso. Calculan estas mismas fuentes que los afectados superarían los 3.000 o incluso los 3.500.

El otro grupo de trabajo estudiará las medidas administrativas y jurídicas legales necesarias para garantizar la permanencia de este personal.