El director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero, ha reiterado que para cumplir su promesa de 5.000 nuevas altas en Dependencia este año es necesaria la implicación de los ayuntamientos en la elaboración de los informes sociales de estas personas. Esta colaboración entre administraciones, primer paso para el reconocimiento de la situación de Dependencia, no está siendo lo fructífera que se esperaba y solo una minoría de alcaldías se ha puesto a disposición de la Consejería de Derechos Sociales.

El director general de Dependencia ha apuntado que desconoce el motivo de los ayuntamientos para no querer llevar a cabo esta encomienda y han defendido que debe trascender al tema monetario porque cuentan con doce millones de euros para implantar esta medida.

Así, Miguel Montero ha relatado como desde diciembre de 2020 se están reuniendo de manera casi mensual con las corporaciones locales, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, les ha enviado una carta sobre este asunto pero de los 88 municipios de Canarias, solo una veintena se han mostrados partidarios a ayudar “con total disposición”.

“Le pido a los alcaldes y alcaldesas que recojan el guante que les ofrecemos de doce millones de euros y nos ayuden y sobre todo ayuden a sus vecinos y vecinas. Esto no es un debate competencial de a quién le corresponde, yo creo que todos tenemos que echar una mano”, ha puntualizado.

Además ha recordado que el decreto que regula la Dependencia desde 2008 ya recoge que esta competencia tienen que realizarla los ayuntamientos y ha asegurado que están una respuesta formal de estos para realizar la transferencia monetaria a estas instituciones.

En otro orden de asuntos, ha admitido que el personal actual en su área, tal como apuntó hace unos días el Diputado del Común, es insuficiente. Sin embargo, desde el mes de febrero se ha incrementado la plantilla en 75 personas.

“Más personal no es la única manera de arreglar esto pero es una de las partes esenciales”, ha precisado.