Si no hay cambios de última hora, el próximo 9 de mayo decaerá el estado de alarma que permite a las administraciones hacer frente a la lucha contra la pandemia dentro de un marco jurídico.

Esto supone, entre otras cosas, la finalización del toque de queda, pero no de todas las restricciones, ya que podrán mantenerse otras limitaciomes aprobadas por las comunidades autónomas.

La desaparición del toque de queda ha generado polémica por el impacto que esta medida puede tener en la curva de contagios.

El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, ha asegurado en COPE que es imprescindible “un plan B, ya que no puede haber un salto al vacío y es preciso seguir gestionando la crisis sanitaria en condiciones razonables de intervención".

En esta misma línea se ha manifestado el alcalde de La Orotava y vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Francisco Linares, que apuesta por prolongar el estado de alarma hasta que se estabilice la situación y se avance en el proceso de vacunación en el conjunto del país.

"Nos inquieta llegar al 9 de mayo sin un plan de contención, puesto que nos podremos encontrar con escenarios indeseados. Los ayuntamientos somos los encargados de velar por la tranquilidad por la noche y no queremos vernos desasistidos. Esperemos que impere el sentido común y se establezca una estrategia para controlar las restricciones en función de la evolución de los indicadores", ha explicado en COPE.

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, también está preocupado por los efectos que puede tener la eliminación del toque de queda después de un año de pandemia.

"Considero que esto tiene que hacerse de manera progresiva para que la improvisación y la descoordinación no acabe afectando a los ayuntamientos, por eso, se debe impulsar un plan de desescalada que nos ayude a todos y posibilite una vuelta a la normalidad dentro de un orden", ha subrayado en COPE.