El sindicado compromete la estabilidad del Tenerife

El descenso del Tenerife ha vuelto a desviar la atención hacia los despachos. Este miércoles se ha recibido en las oficinas del Heliodoro Rodríguez López un requerimiento notarial para solicitar la convocatoria de una nueva junta extraordinaria de accionistas. El motivo principal sería aprobar una ampliación de capital de 5,5 millones de euros como solución a los problemas económicos de la entidad.

Pero la realidad es que la parte local del sindicado (Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González) teme que los movimientos de Rayco García, que se dispone a conceder un préstamo personal a la entidad para hacer frente a los pagos más perentorios, acaben en una ampliación de capital encubierta.

Para ello, García aceptaría posteriormente convertir la cantidad de dinero prestada en acciones del CD Tenerife. Pero los estatutos de la SAD no contemplan esta posibilidad, por lo que debería aprobarse esta acción previo paso por una junta de accionistas. La inexistencia de una mayoría clara invalidaría cualquier acción individual de este tipo, tal y como explica Sergio Aguilar.

“Es lo que se llama ampliación de capital por compensación de crédito y debe aparecer reflejado en el documento de préstamo en caso de incumplimiento”, detalló el abogado experto en Derecho Mercantil y Deportivo. “El consejo de administración puede proponerlo, pero la junta general es el único órgano competente para darle validez, remató.

La realidad es que no hay liquidez en el Tenerife para afrontar las nóminas de junio, mes en el que además se abona el 30 por ciento de las fichas de los futbolistas de la primera plantilla. Y una ampliación de capital, idea que maneja el sindicado, tardaría en entrar en caja al menos un trimestre. Tampoco parece muy coherente plantearla a las puertas de un gran recorte de personal ni en mitad de la campaña de abonos.

Además, Garrido no tiene interés alguno en invertir más dinero en el club insular. Esto llevaría al empresario madrileño a bloquear la iniciativa. Podría repetir el mismo modus operandi de la última junta, apoyando la propuesta con las acciones del sindicado (las de su empresa Eolus) y rechazádola con las de Only One Way.

Aguilar recordó que hay un plazo “de entre dos y tres meses para llevar a cabo la junta” solicitada, a lo que luego hay que añadir el proceso de ampliación y una junta posterior para ratificar el nuevo accionariado. La ampliación ayudaría al CD Tenerife, pero no de forma inmediata. En cambio, sí genera una situación de inestabilidad en semanas clave para el futuro de la entidad.