La realidad de once desahuciados en Gran Canaria: “Joaquín salió a tomar café, y con lo que marchó, se quedó”

Once personas han sido desalojadas de su casa en Las Palmas de Gran Canaria, sin que lo esperasen, viviendo sin conocer que sobre la vivienda pesaba una orden de desahucio activa desde 2022. Ocurría hace unos días en un piso de la calle Thomas Alva Edison, en donde los inquilinos pagaban su alquiler correspondiente, pero el problema estaba en que no se lo abonaban al propietario, ya que la vivienda estaba subarrendada. El desahucio les pilló por sorpresa, y como nos contó Jonathan Mesa, miembro de la plataforma Derecho al Techo, “uno de ellos, Joaquín salió a tomar un café, y con lo que marchó, se quedó”.

“Esta persona, recibía por los 11 alquileres un total de 2500 euros mensuales y al verdadero dueño le pagaba 800 euros”, recalcaba Jonathan en Herrera en Cope en Canarias. Era una vivienda antigua, una casona que nunca se había reformado, a la que se le había instalado paredes de pladur y de madera, con habitaciones que no tenían ventanas y precios elevados que rondaban entre los 250 y 400 euros por habitación. “Compartían baños, eran personas vulnerables, con pocos recursos económicos, falta de entorno familiar o casos de mala salud mental y física, aprovechándose de esta debilidad”, confesaba el miembro de la plataforma que les está ayudando.

LA MAYOR PARTE PUDO SER REALOJADA

Ocho de estas personas fueron realojadas por la persona que les cobraba la mensualidad bajo otro techo, otros dos consiguieron plaza en una pensión y otra fue hospitalizada por problemas de salud, aseguran desde la ong, que además asesora a estas personas con las gestiones del ayuntamiento, aunque también recibieron ayuda del entorno. “El barrio respondió ayudando en todo lo posible”, nos contaba Jonathan acerca de la gente de los alrededores que, desde el primer momento, se dieron cuenta de la injusticia y se prestaron a ayudar.

Jonathan lamenta la falta de seguridad jurídica a la que se enfrentaban estas personas: “La gente le pagaba en mano o mediante transferencias, todo era muy precario, la legalidad estaba fuera de lugar". Reconoce su preocupación porque las personas que no fueron realojadas "fue porque se quejaron, como una especie de castigo”, dejando entrever que los inquilinos alojados por el intermediario podrían volver a tener que pasar por la misma mala experiencia de quedarse sin casa.

Compartían baños, eran personas vulnerables"

Jonathan Mesa, portavoz de Derecho al techo

Jonathan Mesa asegura que “pueden existir viviendas compartidas, pero con un mínimo, hay que construir marcos legales para que este tipo de personas, que no llegan a poder pagarlas o padecen algún tipo de impedimento, puedan tener una vivienda", recordando que muchos de ellos son gente con graves problemas personales o en situación de riesgo social.

No es el único desahucio de gravedad que te hemos contado en Herrera en Canarias. Otro caso es el de Ernesto, en el barrio de La Patera. En su caso, fue porque no cobraba lo suficiente como para poder hacer frente al pago del piso. Intentó llegar a un entendimiento con la casera que se negó en rotundo, tomando la decisión final de demandarle. En el caso de Ernesto hablamos del padre de una familia cuya mujer tiene un 56 % de discapacidad reconocida y con dos hijos menores a su cargo.