Los dueños de unos apartamentos inician el desalojo después de 2 años de okupación

Después de más de dos años de ocupación ilegal, los propietarios del complejo de apartamentos Los Teques, ubicado en el barranco de Agua La Perra, en Puerto Rico (Mogán), han iniciado la recuperación de sus propiedades. El edificio, que anteriormente funcionaba como establecimiento turístico, fue ocupado por más de 100 personas, en su mayoría jóvenes de origen magrebí, quienes deterioraron gravemente las instalaciones y generaron numerosos conflictos.

Miguel Rodríguez, abogado que representa a la comunidad de propietarios, informó que ya se han desalojado y tapiado ocho apartamentos, con otros cuatro en proceso y fecha de lanzamiento establecida. Aunque el complejo cuenta con 32 unidades registrales, en realidad hay 28 apartamentos debido a la unión de algunas unidades. Todos estuvieron ocupados y están en proceso judicial. Hasta ahora, se han resuelto favorablemente 12 casos, con ocho desalojos ejecutados y cuatro pendientes de culminar. Las denuncias para los 16 apartamentos restantes ya han sido presentadas.

La situación se complicó debido a la división del caso en 12 procedimientos judiciales separados, lo que ha prolongado el proceso. Rodríguez destacó la falta de recursos en los juzgados de paz como un factor que ha dificultado la resolución del caso.

Destrozos y peleas en las instalaciones  

El complejo Los Teques se convirtió en un foco de altercados, con frecuentes enfrentamientos entre los ocupantes. Según Rodríguez, “cada vez que pasa algo en Puerto Rico, la Policía Local o la Guardia Civil viene a Los Teques porque seguramente el que lo hizo estaba aquí”. Incluso, los cuatro jóvenes que violaron a una chica en 2021 residían en este complejo.

La comunidad de propietarios ha tenido que invertir en seguridad privada, contratando dos vigilantes por turno durante 24 horas para evitar nuevas ocupaciones en los apartamentos ya desalojados. A pesar de los esfuerzos, los ocupantes han intentado reingresar a los apartamentos vacíos.

La decadencia del complejo comenzó cuando la empresa Vista Noruega SL, que lo explotaba como establecimiento turístico, decidió acogerse al Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) de Costa de Mogán y firmó un convenio con el Ayuntamiento. Sin embargo, las obras de rehabilitación se quedaron a medias, la constructora abandonó el edificio y este quedó a merced de los ocupantes ilegales.

Lentitud en los trámites  

Rodríguez comenzó a asesorar a la comunidad de propietarios en el primer semestre de 2023 e inició una batalla judicial que se ha visto obstaculizada por la burocracia y la lentitud de los trámites. Aunque se presentó una denuncia conjunta por el delito leve de usurpación de inmueble por los 28 apartamentos, se instó a interponerla de forma individualizada, lo que ha contribuido a dilatar el proceso.

El abogado ha tratado de aprovechar el último cambio legislativo en España, la Ley Orgánica 1/2025, aprobada el 2 de enero y en vigor desde el 3 de abril de 2025, que establece medidas para agilizar el desalojo de ocupantes ilegales mediante juicios rápidos.

Una vez completados los desalojos, los propietarios enfrentan el desafío de rehabilitar el complejo, que se encuentra en un estado deplorable, con basura acumulada en las zonas comunes y daños significativos en las instalaciones. La comunidad deberá realizar una inversión considerable para devolver el edificio a su estado original y reanudar su explotación turística.