Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han exigido este miércoles al Gobierno de Canarias que no de "ni un paso atrás" en los derechos adquiridos por los empleados públicos ni los penalice en los presupuestos autonómicos para 2020 o, advirtieron, adoptarán las medidas de presión correspondientes.

Así lo han advertido los representantes sindicales Javier Galván de CSIF, Francisco Bautista de UGT y José Ramón Barroso de CCOO en una rueda de prensa en la que reclamaron al Gobierno autonómico que inicie la negociación colectiva, después de que el viernes se produzca la primera convocatoria de la mesa de empleados públicos.

Javier Galván señaló que gracias al acuerdo firmado por las tres organizaciones sindicales con el anterior Gobierno regional, se logró "frenar los esfuerzos" que se han impuesto desde la crisis a los trabajadores públicos que, advirtió, son los que prestan los servicios esenciales a la ciudadanía.

Ello hizo posible la recuperación progresiva del poder adquisitivo perdido en etapas anteriores, la implantación de la jornada de 35 horas semanales para el personal de sanidad y administración general y de 18 horas lectivas para el personal docente de enseñanza secundaria y otros cuerpos, además de la finalización de los descuentos por situaciones de incapacidad temporal.

Otras mejoras fueron las relativas a la conciliación de la vida laboral y familiar, el desbloqueo de las ayudas a la acción social de los empleados púbicos, y la oferta del empleo público posible gracias a la aprobación de las leyes de presupuestos generales del Estado para 2017 y 2018 con la finalidad de reducir la tasa de temporalidad y la recuperación del empleo público.

Los sindicatos piden al nuevo Gobierno la inmediata apertura de la negociación colectiva en todos los ámbitos de la Administración pública canaria, y proceder al nombramiento y a la toma de posesión antes del 31 de diciembre de los funcionarios que han superado los procesos selectivos ya finalizados.

Asimismo reclaman la aplicación de los fondos adicionales, el estudio y mejora de los planes de pensiones de los empleados públicos y que finalice la negociación de las relaciones de puestos de trabajo pendientes para proceder a la realización de los concursos de traslado demandados por los empleados públicos.

Otras propuestas son la definición de la masa salarial y aplicaciones presupuestarias afectadas a ella e impulsar los procedimientos de estabilización y consolidación del empleo púbico con el objetivo de reducir la temporalidad al 8 por ciento conforme a los acuerdos estatales alcanzados.

Asimismo reclaman impulsar, en la Ley de Presupuestos Generales para 2020, una enmienda de sustitución del artículo 73.2 de la Ley de la Función Pública Canaria para especificar que el sistema preferente de acceso al funcionariado será el de concurso-oposición, salvo cuando que por su naturaleza se acuerde la utilización del sistema de oposición y, excepcionalmente para puestos singularizados, el de concurso.

Francisco Bautista, de UGT, afirmó que no puede ser que quienes ahora gobiernan hace cinco meses y en la oposición ejercieran la defensa del empleo público y ahora el vicepresidente Román Rodríguez habla de "excesivo" gasto presupuestario en este ámbito, pero sí hay dinero para los hoteleros ante la "desbandada" de Thomas Cook.

"Ahora es el momento de reconocer el esfuerzo de más de 62.000 empleados públicos" pero no de reducir sus mejoras ni la de la de los trabajadores privados en el sector turístico, añadió.

José Ramón Barroso, de CCOO, opinó que en los cinco meses de ejercicio el Gobierno canario ha mostrado "una paralización absoluta" y lo único que ha mostrado es su renuncia a la tasa turística para en cambio promover el aumento del IGIC a todos los ciudadanos.

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A su juicio, el Gobierno de Canarias "se está bajando los pantalones" ante los empresarios turísticos pese a que éstos han obtenido beneficios de 14.000 millones de euros "y ahora reclaman subvenciones"