El Consejo de Gobierno de Canarias, a iniciativa de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, aprobó este jueves un decreto-ley por el que se fija el tipo 0 en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a la importación y entrega de bienes sanitarios para combatir los efectos de la COVID-19.

La norma replica en Canarias la medida adoptada este martes por el Gobierno de España en relación con el IVA y estará vigente hasta el próximo 31 de julio.

En cualquier caso, el tipo cero ya se venía aplicando en el archipiélago desde el inicio de la crisis gracias al acuerdo entre las agencias tributarias estatal y canaria y en virtud del artículo 10.11 de la Ley 20/1991 del REF, que lo permite para ser "destinado a las víctimas de catástrofes producidas en Canarias".

El Gobierno ha considerado oportuno dar mayor claridad a la medida a través de esta modificación normativa.

El decreto-ley determina el tipo 0 del IGIC siempre y cuando el importador o adquirente sea una entidad de derecho público, una clínica o centro hospitalario o una entidad o establecimiento privado de carácter social.

También incluye las importaciones cuyos sujetos pasivos sean personas o entidades distintas de las anteriores, cuando los bienes estén destinados a ser objeto de entrega, por existir un compromiso de adquisición previa, a entidades de derecho público, clínicas o centros hospitalarios o a entidades o establecimientos privados de carácter social.

Del mismo modo se detallan los 41 tipos de bienes incluidos en la medida, entre ellos respiradores, monitores, mascarillas, prendas de protección, kits de pruebas para la COVID-19 o medicinas.

La memoria del decreto-ley señala que el impacto de la medida en los ingresos de la Comunidad Autónoma alcanza los 7,6 millones de euros, aunque supondrá un menor gasto público, dado que las compras realizadas por la propia Administración autonómica tributarán al tipo 0, en lugar del tipo reducido del 3 por ciento, y del general, del 7 por ciento.

La norma aprobada es una más de las numerosas decisiones impulsadas por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para mitigar el impacto de la pandemia en Canarias y, al mismo tiempo, flexibilizar las obligaciones fiscales de los contribuyentes canarios, inyectando liquidez a los sectores económicos del archipiélago.