Menores sometidos a abusos sexuales viven una situación "sangrante" en Canarias al no recibir la atención que merecen por retrasos en los informes que certifiquen su estado, según asegura el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas.

Esta organización ha denunciado este miércoles el "gravísimo perjuicio para las personas agredidas que considera que se está generando en las islas por los pocos recursos que el Gobierno regional destina a contratar psicólogos para el área del Instituto de Medicina Legal encargada de evaluar a esas víctimas para dictaminar si efectivamente lo son".

"Servicio que, pese a ser decisivo para que quien ha sufrido un daño reciba cuando debe la asistencia a la que tenga derecho, sanitaria, social u otra, porque el no contar con sus valoraciones a tiempo demora las prestaciones, posee una plantilla de menos de diez profesionales para todo el archipiélago, insuficiente a todas luces para el volumen de trabajo que hay", afirma el Colegio.

De hecho, "el retraso en la elaboración de informes psicológicos forenses, que también causa perjuicios al sistema judicial al ser un obstáculo para que avancen procedimientos en curso, es crónico en Canarias a consecuencia de esa falta de personal, si bien es ahora cuando se denuncia porque ha llegado a ser hiriente", ha expuesto el responsable del Área de Psicología Jurídica, Eugenio Pasamontes.

El portavoz del Colegio de Psicólogos ha destacado que muchos afectados son personas que llegan a los juzgados en el contexto de "casos de familia en los que el principal perjudicado acaba siendo el menor, que sufre un gravísimo e importante agravio".

"La razón -ha argumentado- es que los chicos en esas circunstancias no pueden recibir atención en los servicios de asistencia social o por parte de los psicólogos del Servicio Canario de Salud, en caso de requerirlo, en tanto no cuenten con un informe que así lo establezca, conforme a lo previsto en la Ley. Con lo cual pueden pasar meses desatendidos", ha señalado Pasamontes, que ha reconocido que, "no obstante, hay ocasiones en que se deriva directamente al Servicio Canario de Salud al menor, sin tener todavía el informe preceptivo, pero ha asegurado que eso tampoco beneficia a la víctima. Porque, si un psicólogo no especializado en evaluaciones jurídicas atiende a quien ha ido agredido antes de que se elabore el correspondiente informe, la praxis forense se va a ver dificultada", al haberse modificado el estado de la persona y su perspectiva en relación al delito sufrido, conforme a su planteamiento.

Todo lo expuesto aconseja "tomar medidas urgentes para solventar la situación", al entender del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Esta entidad opina que ampliar las plantillas de psicólogos del Instituto de Medicina Legal sería conveniente pero tampoco atajaría el grado de atasco que hay ya en los informes en cuestión y, por ello, propone al Gobierno de Canarias poner en marcha un procedimiento extraordinario para agilizar su tramitación contando con su colaboración.

La idea sería llevar a cabo, a través de la organización, la contratación temporal de un equipo de profesionales que se encargaran de resolver los asuntos pendientes, algo que ya se hizo años atrás ante una situación similar, ha subrayado. Precisamente lo que sucedió en aquella ocasión pone de manifiesto la gravedad del problema, ha sostenido Pasamontes, puesto que entonces fue preciso recurrir a un equipo de 25 psicólogos para afrontar los casos que se habían quedado pendientes solo en la provincia de Las Palmas, donde el Instituto de Medicina Legal cuenta para esa tarea habitualmente con una plantilla de cuatro