TURISMO

"No descartamos que se esté produciendo alquileres turísticos ilegales con las segundas residencias"

El vicepresidente de la FETH, Tom Smulder insta al gobierno autonómico a que sea más duro con los alquileres ilegales

TOM SMULDER TURISMO GRAN CANARIA

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 22:11

El COVID 19 ha provocado la cancelación de muchas reservas de hoteles, viajes, y apartamentos. Las cadenas hoteleras están atadas por fuertes restricciones de seguridad. Un terreno más complicado de controlar es el del alquiler de viviendas vacacionales. Con el verano a la vuelta de la esquina, se teme que los propietarios no cumplan con las medidas de seguridad y se pide a las autoridades que exista mayores controles de seguridad en este tipo de alojamientos.

En los micrófonos de la Mañana en COPE Gran Canaria estuvo Tom Smulders, vicepresidente de la FEHT. Respecto a los alquileres turísticos ilegales en el confinamiento, Smulders no ha detectado nada, pero no lo descarta en absoluto. Aun así, dice que ya era un problema que se iba propagando, e insta al Gobierno de Canarias y al patronato de turismo a un mayor control de este tipo de actividades ilegales. “Nosotros tenemos que cumplir con muchos reglamentos, y no podemos tener a señores que se adentran en los complejos turísticos sin restricción alguna”, explica.

Con la entrada a la fase 1 del plan de desescalada ya se permite el desplazamiento a segundas residencias, se le pregunta a Tom Smulders, sobre los alquileres que hacen estos propietarios de forma ilícita. El vicepresidente también ha llegado a la conclusión de que se están produciendo, pero no se atreve a afirmarlo al 100%. Recuerda que la segunda vivienda es de uso personal y no de alquiler turístico, desde un punto de vista de la legislativo y sanitario. Afirma que en julio y agosto el problema se agravará

Sobre las empresas de desinfección de COVID 19, Smulders asevera que crean una “falsa sensación de seguridad”. “Estamos en Canarias y aquí las normas las establece el gobierno competente”, concluye. Defiende que debe haber un criterio unitario a la hora de valorar las condiciones de seguridad y no puede ser que cada empresa imponga su propio reglamento.

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