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Riopedre sale de prisión por razones humanitarias

El ex consejero de educación abandonaba este miércoles el Centro Penitenciario de Asturias, tras obtener la libertad condicional por su delicado estado de salud

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Foto: EFE/J. L. Cereijido (Archivo)

EFE/COPE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 21:13

El exconsejero de Educación de Asturias, José Luis Iglesias Riopedre, de 81 años, ha salido este miércoles del Centro Penitenciario de Asturias tras obtener, con el informe favorable de la Fiscalía, la libertad condicional por razones humanitarias debido a su delicado estado de salud.

Riopedre, que desde octubre de 2019 cumplía una condena de cinco años y dos meses de prisión por los delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho por el "caso Marea", ha abandonado el recinto penitenciario sobre las 17:00 horas. A su salida de prisión, donde le esperaba su hijo, no ha querido hacer declaraciones a los periodistas.

Riopedre, que el pasado mes de febrero remitió un escrito al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria donde se mostraba arrepentido y pedía perdón a las personas que pudo perjudicar “de un modo u otro”, así como “a la sociedad en general”, ha sufrido desde su ingreso en prisión varias dolencias, sobre todo cardiacas, que han requerido su hospitalización.

La excarcelación de Riopedre se ha producido apenas unas horas después de que la jueza de Vigilancia Penitenciaria dictara un auto acordando la libertad condicional y suspendiendo el resto de la pena que le queda pendiente de cumplir con una serie de condiciones.

El exconsejero tendrá la obligación de seguir los tratamientos médicos pautados y aportar con la periodicidad que determine la administración penitenciaria los informes médicos que acrediten su evolución, además de observar buena conducta y mantener el pronóstico de inserción social favorable. Además, deberá contar con la autorización del juzgado para cualquier desplazamiento fuera de Asturias y residir en el domicilio fijado.

En el auto, la jueza le advierte expresamente de que podrá revocar la suspensión de la ejecución del resto de la pena pendiente en el caso de que haya un cambio de las circunstancias que han motivado la autorización.

La decisión judicial ha tenido en cuenta el informe favorable del fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria que, por primera vez, ha cambiado su criterio y no se ha opuesto a la libertad condicional en base al último informe del forense emitido el pasado 24 de marzo.

En el informe, el forense concluye que Riopedre tiene afectada de forma importante su capacidad funcional y sufre dificultades para realizar actividades instrumentales de la vida diaria, para las que requiere ayuda y supervisión y sostiene que su pronóstico vital es impredecible debido a sus dolencias cardiacas y la presencia de otras patologías.

El fiscal reconoce que el exconsejero debe seguir pautas de tratamiento especializado continuo y hospitalizaciones en fases de reagudización y por primera vez cambia su criterio de rechazo a la excarcelación y desiste de su recurso, presentado el pasado 21 de diciembre, donde se oponía a su pase al tercer grado penitenciario.

La abogada de Riopedre, Anabel Prieto, ha asegurado que su salida de prisión este miércoles es un “acto de justicia”. En declaraciones a COPE, la letrada se felicita del cambio de criterio del fiscal tras los últimos informes médicos. "Las cosas han cambiado porque se han dado cuenta de cómo está", recalca, "tiene una insuficiencia cardíaca severa, más muchísimas patologías añadidas".

Riopedre ingresó en la cárcel por su implicación en irregularidades en la concesión de contratos y fue condenado a cinco años y dos meses de cárcel por su autoría en los delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho. Por esta causa le fueron embargados sus bienes, incluida la fianza entregada para su libertad provisional, y ha estado privado de pasaporte.

Además del exconsejero, fue condenada su número 2 en Educación, María Jesús Otero, que está en tercer grado y cumple cinco años y cinco meses de prisión, la exfuncionaria Marta Renedo a nueve años, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez a sendas penas de cinco años y dos meses de prisión y dos años y ocho meses de cárcel.

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