El Gobierno del Principado iniciará en las próximas semanas la negociación con los sindicatos para proceder a la regulación específica del teletrabajo con la finalidad de fijar unas "bases comunes" que aporten seguridad jurídica y que tendrá "carácter voluntario y reversible".

Durante su comparecencia en la comisión de estudio de la gestión de la crisis sanitaria de la covid-19 en la Junta General, el vicepresidente, Juan Cofiño, ha explicado que el teletrabajo ha cobrado un protagonismo relevante con motivo de la pandemia del nuevo coronavirus y el objetivo es que esté regulado "en pocos meses".

"Tiene que tener un hueco necesario en las relaciones laborales de futuro, pero hay que regularlo extremadamente bien", ha recalcado antes de sostener que los sistemas de control que se implanten serán uno de los asuntos "a tener muy presente".

Cofiño ha indicado que con motivo del estado de alarma se ha llevado a cabo en la administración pública una "razonable producción administrativa", a la que ha contribuido el "rápido despliegue de soluciones y equipos informáticos que ejecutó la Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital".

Según sus cálculos, en total, 571 funcionarios se acogieron a esta modalidad de trabajo en los dos supuestos establecidos, por razones de conciliación familiar y por factor de riesgo para la salud.

Durante su comparecencia, ha indicado que la ausencia de una regulación legal básica en materia de trabajo telemático en la Administración autonómica “quedará superada en un plazo aproximado de seis meses, una vez que el Congreso de los Diputados reforme la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público".

Por lo que, como ha avanzado, en las próximas semanas se iniciará la negociación con los sindicatos de la función pública para proceder a su regulación específica en el Principado.

En su intervención, ha señalado que el Ejecutivo asturiano ha estado "plenamente operativo" durante la pandemia, como demuestra la celebración de 35 reuniones telemáticas y presenciales del Consejo de Gobierno, con 620 asuntos examinados y aprobados.

Por otro lado, ha destacado las medidas específicas puestas en marcha por la Dirección General de Igualdad para evitar situaciones de riesgo que han permitido tener una mayor vigilancia y control sobre las mujeres víctimas de maltrato.