El sindicato de profesores ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza) pide la suspensión cautelar de las instrucciones de inicio de curso, al entender que someten a profesorado, alumnado y familias a un riesgo de salud evidente. Rechazan, especialmente, que en ellas se contemple la docencia con alumnos que no llevan mascarilla, contrariamente a la obligación general de su uso en el Principado, lo que garantiza, aseguran “que los centros educativos serán focos seguros de contagio” .

ANPE recuerda que la media de edad del profesorado es superior a los 50 años y que muchos de ellos presentan problemas de salud asociados al factor edad (diabetes, hipertensión, inmunodeprimidos, cáncer, enfermedades respiratorias, etc). Destacan que aún está vigente el Acuerdo de Consejo de Gobierno del Principado de 12 de marzo que establece la obligación de ofrecer teletrabajo al personal vulnerable, un acuerdo que, denuncian “se quiere soslayar, como se ha anunciado verbalmente, lo que puede suponer una prevaricación y que puede resultar con un grave reproche penal, si hay casos de fallecimiento entre el profesorado afectado”.

El sindicato de profesores asegura que está de acuerdo en la necesidad de garantizar el derecho efectivo a la educación, de manera presencial, pero “preservando siempre la salud de la población escolar, para lo que es imprescindible el uso obligatorio de la mascarilla desde los 6 años, sin excepciones y el respeto a la distancia de seguridad de 1,5 metros, de acuerdo con la normativa estatal del Ministerio de Sanidad y de propio Principado de Asturias.”

En consecuencia, y a fin de asegurar un retorno a las aulas en condiciones de seguridad de los alumnos, docentes y personal servicios, ANPE pide la retirada de estas instrucciones de inicio de curso “por inoperativas e ilegales, y por atribuir toda la responsabilidad a los docentes y especialmente a los equipos directivos, a quienes se impone la vigilancia del cumplimiento de normas sanitarias administrativas y curriculares”.

Los servicios jurídicos de ANPE trabajan ya para pedir la suspensión cautelar de las instrucciones y su posterior denuncia judicial.