El Gobierno lleva a Aragón a los tribunales por el reparto de menores migrantes

El ejecutivo de Pedro Sánchez llevará al Gobierno de Aragón a los Tribunales. Este martes el gobierno central ha decidido interponer un recurso contra Aragón en el Tribunal Constitucional. Lo hace ante la negativa del gobierno aragonés de proporcionar los datos de ocupación en sus centros de menores de cara al reparto de migrantes que el ejecutivo central quiere realizar entre las comunidades. 

El recurso contra Aragón lo anunciaba precisamente la secretaria general del PSOE aragonés, la también portavoz del gobierno central, Pilar Alegría: "El plazo para remitir esos datos terminó el 31 de marzo y el Decreto Ley al respecto fue aprobado el 18 de marzo. Por tanto, como corresponde a cualquier Decreto Ley, es algo de obligado cumplimiento para todos los territorios".

Desde la Moncloa considera esta información esencial para "fijar la capacidad ordinaria de acogida” de cada comunidad. 

Por ello, y ante el incumplimiento de Aragón a la hora de aportar esos datos, el gobierno central ha decidido acudir a los Tribunales. El Ejecutivo central cumple así con lo que ya advirtió el ministro Ángel Víctor Torres hace varias semanas. Han vuelto a instar además, a la Consejería de Bienestar Social y Familia de Aragón a “dar inmediato cumplimiento a las obligaciones legales que le incumben”.

ARAGÓN, FIEL A SU POSTURA

El Gobierno de Aragón por su parte, no va a dar marcha atrás. Seguirá sin apoyar la política migratoria de Sánchez en lo referente al reparto de los 4.400 menores migrantes que saturan los centros de Canarias y Ceuta. Y es que desde Aragón se afirma que sus centros de menores también están saturados y que hace falta más dinero del gobierno central para poder atender adecuadamente a estos migrantes. 

A su vez, el Gobierno de Aragón ya había presentado hasta 4 recursos diferentes contra el reparto de menores migrantes propuesto por el Gobierno central. Consideran que favorece a Cataluña, con quien se ha pactado el reparto. Es algo, afirman desde el ejecutivo aragonés, que rompe la igualdad y solidaridad entre comunidades autónomas.

Uno de esos recursos había sido ya admitido a trámite por el Constitucional.

"El Gobierno de Aragón quiere defender el principio de igualdad. Nos negamos a que sea Junts y los pactos con Puigdemont sean quienes marquen las políticas migratorias de España. Creemos que nos ampara la ley y quedaremos a la espera de las resoluciones judiciales", ha asegurado la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero.