Los trabajadores de los centros de menores convocan una huelga sin precedentes en Aragón: "Damos la cara todos los días"

Los trabajadores de los centros de menores de Aragón han convocado una huelga de 72 horas para los días 2, 3 y 4 de marzo, una movilización sin precedentes en el sector. El sindicato UGT, en voz de Angélica Mazo, califica la situación de “crítica” debido al aumento de las agresiones a trabajadores, los motines en los centros y una falta de personal que se ha vuelto insostenible. La huelga, que afecta a unos 600 trabajadores en toda la comunidad, busca visibilizar una crisis que, según el sindicato, amenaza con la “descomposición del sector”.

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El conflicto ha alcanzado su punto álgido tras el bloqueo en la negociación del primer convenio colectivo autonómico, una reclamación histórica del sector que llevaba cerca de un año en proceso. La tensión se disparó cuando FAEM, empresa mayoritaria perteneciente a la Fundación Rey Ardid, decidió abandonar la asociación patronal con la que se estaba negociando. Angélica Mazo, de UGT, explica que la noticia les dejó “ojipláticos”, ya que ni siquiera recibieron una comunicación oficial por parte de la empresa.

Desde el sindicato denuncian que este movimiento deja en el aire el futuro de las condiciones laborales de cientos de profesionales. “Lo que no puede ser es que las empresas solo estén al beneficio económico y se olviden de los trabajadores, cuando aquí además los trabajadores están dando la cara todos los días”, ha lamentado Mazo. La representante sindical ha criticado la falta de implicación de las compañías, que “parece que están solo a su cuenta de resultados”.

LOS CENTROS DE MENORES EN ARAGÓN: Un modelo de gestión externalizado en entredicho

Para UGT, el problema va más allá de lo laboral y apunta a un fallo estructural del modelo de gestión externalizado que impera en Aragón. Mazo ha señalado que otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, Cataluña o el País Vasco cuentan con mejores modelos y convenios propios en el ámbito de los servicios sociales y la protección de menores, lo que garantiza una mayor estabilidad. “No puede ser que Aragón se quede a la cola”, ha sentenciado.

Tenemos un poco de percepción de descomposición en el sector de menores"

Ángelica Mazo 

UGT

La organización sindical insiste en que un convenio autonómico no solo mejoraría las condiciones laborales, sino que también ayudaría a evitar las situaciones de crisis y los conflictos que se han vuelto cada vez más frecuentes. La sensación de abandono ha calado hondo entre los profesionales, quienes sienten que el sistema actual no protege ni a los menores ni a quienes los cuidan.

El papel clave del Gobierno de Aragón

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Ante esta situación, UGT interpela directamente al Gobierno de Aragón, al que le pide asumir un papel activo. Según Mazo, la administración autonómica, con un presupuesto de 455,84 millones de euros, tiene margen para mejorar la financiación de los centros y las condiciones de las licitaciones públicas. Esta mejora, argumenta, daría a las empresas la seguridad necesaria para sentarse a negociar un convenio digno.

La representante sindical describe el ecosistema como una “rueda de tres” compuesta por las empresas, el Gobierno de Aragón y los trabajadores. “Debemos de influenciar en algún momento y no estar de espaldas hacia los trabajadores porque no es la solución”, ha afirmado, pidiendo a la DGA que se implique para desencallar el conflicto.

El día a día en estos centros es complejo y abarca realidades muy diferentes. Por un lado, están los centros de protección, que acogen a niños que han sufrido abandono o maltrato y no pueden continuar con su núcleo familiar. Por otro, los centros de reforma, destinados a adolescentes que han cometido algún delito y donde se aplican programas de reinserción y formación profesional para ayudarles a reinsertarse en la sociedad.

La huelga de 72 horas irá acompañada de un calendario de movilizaciones. Las concentraciones comenzarán el 2 de marzo en la puerta de la Fundación Nacional, continuarán el 3 de marzo frente a la sede del Gobierno de Aragón y concluirán el 4 de marzo ante la Fundación Rey Ardid, la entidad señalada por abandonar la negociación del convenio. Con estas acciones, los 600 trabajadores del sector esperan una respuesta que ponga fin a la incertidumbre.