Entrevista a Mª Sancho Menjón, directora general de Patrimonio de la DGA.

Cuando una pieza arqueológica es expoliada y vendida en el mercado negro, se enriquecen unos pocos al mismo tiempo que todos nos hacemos un poco más pobres, porque perdemos una parte de nuestra historia. Conocer los mecanismos por los que funciona ese tráfico ilícito es fundamental para conseguir acabar con una práctica "extendida en todo el mundo", como explica la directora general de Patrimonio Del Gobierno de Aragón, Mari Sancho Menjón.

En Aragón sabemos bien de qué se trata. Hace dos años se recuperaron 7 cascos celtibéricos. Habían sido robados del yacimiento de Aratis, en Aranda del Moncayo. Fue un coleccionista francés, que los tenía en un museo, quien los quiso devolver al enterarse de que aquellas piezas eran furto de un expolio. Lo cierto es que el yacimiento de Aratis fue expoliado de forma muy intensa durante los años 80 y 90. Ahora, las excavaciones están dando "unos frutos espectaculares", recuperando incluso la muralla.

El retorno de estas piezas es el germen de las jornadas que este semana se celebran en Zaragoza: “El retorno de los cascos. Expolio y tráfico ilícito de los bienes arqueológicos; redes, estrategias y procedimientos”, organizadas por el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural; Guardía Civil; y Universidad de Zaragoza. "Es un tema que merece ser analizado al máximo nivel, desde la judicatura, la policía y las adminjistraciones, es un fenómeno al que hay que ponerle freno", insiste Menjón.

"Hay que concienciar a la población de que cuando se comete un expolio no se hurta solamente una pieza, se saca de contecto una pieza histórica, eso es destrozar un yacimiento", explica Menjón. Por eso es tan importante la colaboración de Europol o Interpol en estas jornadas. "La formación de los cuerpos policiales y técnicos es mucho mayor y eso contribuye a que esté más controlado y acotado, que estas prácticas no se cometan con la impunidad que se hacía hace 3 o 4 décadas", señala.

Y para que los responsables del expolio paguen por ello, es necesario ponerle precio. El Gobierno de Aragón, en la anterior legislatura, elaboró a través de sus técnicos un protocolo para valorar el daño producido. "hasta entonces se decía aquello de 'piezas de valor incalculable' pero eso no dejaba margen al juez, el sistema de valoración permite que sean contundentes a la hora de establecer sentencias, multas y penas", concluye.

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