Freno a las VTC en Andalucía: la Junta deniega nuevas licencias por "interés general" y para proteger al taxi

La Junta de Andalucía ha tomado una decisión firme: no concederá más autorizaciones de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). La medida, que afecta tanto a las futuras peticiones como a las que estaban en espera, se justifica por "razones imperiosas de interés general", según ha confirmado el Gobierno andaluz.

Esta drástica determinación llega tras meses de análisis y a raíz de un "crecimiento descontrolado" del número de solicitudes detectado a principios de 2025. Solo entre enero y mediados de abril de ese año, se presentaron cerca de 1.400 nuevas solicitudes, la mayoría para vehículos eléctricos, en contraste con las 3.700 licencias vigentes y las escasas 23 peticiones del año y medio anterior.

Las Tres Razones Clave para el "No" de la Junta  

La decisión se basa en las conclusiones de un estudio técnico sobre la gestión de la oferta de transporte VTC, que señala tres motivos principales para denegar las nuevas licencias:

Cuidado del Medio Ambiente y la Salud: Más VTC, incluso si son eléctricos, significan más tráfico y, por ende, más emisiones de partículas nocivas.

Menos congestión en el tráfico: El estudio detectó un alto porcentaje de trayectos sin pasajeros (un 35% de los kilómetros recorridos), lo que contribuye a la saturación de las carreteras urbanas.

Demanda ya cubierta: La flota actual de VTC y taxis es suficiente, ya que el tiempo de espera medio es inferior a diez minutos. Es decir, la ciudadanía no necesita más vehículos para moverse.

 Objetivo: Armonía entre VTC y Taxis  

El objetivo final de la Junta de Andalucía es "velar por el equilibrio del servicio" y asegurar que VTC y taxis convivan y presten sus servicios de forma complementaria. La administración busca evitar que el aumento desmesurado de VTC "repercuta negativamente en la armonía del sector y afecte en su relación con el taxi".

Esta postura andaluza modifica la legislación autonómica (Ley 2/2003) y se desmarca de la normativa estatal que, hasta ahora, solo consideraba principalmente los criterios medioambientales. La Junta critica que el Gobierno de España "se desentendió" del problema, cargando la responsabilidad en las comunidades autónomas.

Esta medida se suma a otros esfuerzos del Gobierno andaluz por modernizar el sector, como el decreto de modernización del taxi en 2021 y la regulación de las VTC en 2022 para fomentar la convivencia pacífica entre ambos servicios de transporte.