La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha explicado en la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz las irregularidades encontradas en la compra por parte de la antigua Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) en 2006 de un local comercial que era anteriormente propiedad del PSOE andaluz en la calle Ollerías número 4 de Málaga.

La consejera ha asegurado que se trata de "un ejemplo más de la interesada confusión entre los intereses del Partido Socialista y los intereses de la Junta de Andalucía durante los Gobiernos socialistas y de la también aparente utilización de fondos públicos en perjuicio de los andaluces y de la propia Junta”.  La consejera también ha detallado que en el “reducido expediente de compra de dicho local aparece una auditoría interna del año 2004 que pone en cuestión el procedimiento de compra y la falta de oportunidad a tenor, entre otros, de los requisitos que para esta operación estableció el entonces gerente provincial de EPSA de Málaga”.

NO CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS

Marifrán Carazo ha precisado que los requisitos eran que el local debía estar en buen estado, tener buena ubicación y una superficie de entre 150 y 200 metros cuadrados.. “Curiosamente el elegido fue ese local, un local donde un anagrama visible aparece en la fachada del edificio identificando la sede del PSOE de Málaga, que no tenía 150 ni 200 metros cuadrados, sino 115 metros cuadrados, menos de lo inicialmente exigido, y requería, además, de una obra de acondicionamiento que se estimaba en 100.000 euros, según el informe de auditoría interna. Tampoco estaba en tan buen estado”. Por tanto, se eligió “un inmueble que en ningún caso cumplía con los requisitos exigidos”, ha insistido la consejera.

Además, Marifrán Carazo ha resaltado que “en la propuesta de compra, según los archivos, no constaba ni el titular registral del inmueble, ni las cargas registrales relativas al uso comercial que pesaban sobre él”.

Según consta en los expedientes, el local estaba en un edificio que era propiedad del PSOE en 1998 y que se sometió a una obra de rehabilitación integral que llevó a cabo una empresa constructora a cambio de quedarse con la propiedad del bajo, la entreplanta y la última planta. “EPSA autoriza la compra del local en 2003 a la propia empresa constructora, que por entonces no ostentaba la titularidad del local, debido a que en el Registro aparecía aún el PSOE como propietario del edificio, a pesar de ello, EPSA inició las obras que costaron cerca de 120.000 euros”, ha resaltado Marifrán Carazo.

En relación con las cargas que pesaba sobre el local, en el Registro de la propiedad aparecía recogida expresamente como “otra carga” que señalaba que la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga concedía la licencia de obras con la condición de que “el uso comercial más terciario solo podrá ser mantenido para el caso de que su actividad fuese la de sede social del PSOE con sujeción al proyecto básico y ejecución visado el 3 de mayo de 1999”. “Por tanto, estamos ante un procedimiento de compra plagado de irregularidades”, ha apuntado la consejera, quien también ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando el alcance y grado de tales irregularidades para valorar las posibles responsabilidades derivadas de este asunto