La Diputación Provincial ha cerrado sus cuentas de 2018 con una ejecución presupuestaria del 86 por ciento (la más alta en catorce años). Eso quiere decir que de cada diez euros que la Diputación incluyó el año pasado en su presupuesto, ha ejecutado casi nueve. El balance de la ejecución presupuestaria deja otros datos, como que la Diputación ha cerrado 2018 con un superávit de 20 millones de euros. O que cada año, la Diputación transfiere a los ayuntamientos de los pueblos más pequeños 68 millones de euros.

El presidente de la Diputación es Francisco Salado que habló hoy sobre ello y ha asegurado que la gestión económica que se ha llevado a cabo en desde 2011 "ha permitido que la Diputación de Málaga sea una institución saneada, que inyecta y apoya económicamente a los municipios más pequeños de la provincia, que ayuda a la generación de riqueza y empleo a través de las inversiones y que cumple con creces con sus proveedores", apuntó.

Salado ha destacado que la ejecución del presupuesto de 2018 se elevó a casi el 86%, el porcentaje más alto de los últimos 14 años, lo que ha considerado como "el mejor indicador de que se hace una buena gestión de los recursos y del gasto público y de que se cumplen las previsiones iniciales", subrayó. El gasto reconocido en 2018 fue de 246,5 millones de euros, de los que 24,3 millones de euros se destinaron para liquidar la deuda con los bancos.

Esfuerzo inversor

Además, se ha referido al esfuerzo inversor realizado por la institución provincial, con un grado de ejecución que alcanzó el 77,2% de las inversiones previstas, 20 puntos más que en 2017. En total, durante 2018 se invirtieron 59,3 millones de euros, de los que 49,3 millones de euros se destinaron a mejoras de infraestructuras y equipamientos de los municipios. Y otros 10 millones de euros se emplearon en el arreglo de carreteras y en actuaciones en edificios del patrimonio provincial. Otro dato que se desprende del informe de ejecución presupuestaria de la Diputación es que pagan a sus proveedores en un plazo medio de 20 días, y que el año pasado pagaron 50 millones de euros a sus proveedores.