Desarticulan una red que concertaba matrimonios falsos por hasta 12.000 euros para obtener la residencia

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada a la obtención de permisos de residencia fraudulentos. La Operación Vínculo, iniciada por la Comisaría de Jaén, se ha saldado con 48 detenciones en varias provincias por concertar matrimonios de conveniencia.

Un negocio de 30 millones de euros

La organización llegaba a cobrar hasta 12.000 euros a cada ciudadano extranjero para regularizar su situación. Según las investigaciones, los cabecillas de la organización criminal habrían obtenido unos beneficios superiores a los 30 millones de euros tras tramitar más de 300 solicitudes fraudulentas.

El 'modus operandi' de la trama

El fraude se materializaba al registrar una Pareja de Hecho en notarías de Barcelona entre ciudadanos de origen marroquí y mujeres españolas, principalmente de Málaga. Para ello, presentaban documentación falsificada, como volantes de empadronamiento, y así obtenían la Autorización de Residencia de Familiar Comunitario, válida por cinco años.

Una estructura jerarquizada por toda España

La red operaba desde Barcelona, Melilla, Tenerife y Málaga con un reparto de tareas definido. En la cúpula, los cabecillas de la organización planificaban las actuaciones y, en un segundo nivel, los captadores buscaban a las mujeres españolas. El entramado se completaba con los facilitadores, que falsificaban los documentos, y las mulas, que movían el dinero.

La investigación, que comenzó a principios de febrero de 2025, ha llevado a la detención de 37 mujeres y 11 hombres. En el registro del domicilio de la principal responsable en Badalona (Barcelona), se intervinieron 17.000 euros en efectivo y diversa documentación, por lo que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La Brigada de Extranjería ha solicitado a las diferentes Oficinas de Extranjeros la extinción de los permisos de residencia obtenidos ilegalmente. Además, se ha pedido a la Agencia Tributaria que revoque cualquier tipo de ayuda social que los implicados pudieran haber recibido.