Ad Líbitum, con Javier Pereda. Hoy: Amnistía

Acaba de sellar Pedro Sánchez el “sí quiero” de Puigdemont para su investidura a la presidencia del Gobierno. “Habemus” acuerdo sobre la bocina, pero antes de la fecha límite del 27 de noviembre. Según establece la Constitución dos meses después de la celebración del primer intento fallido de investidura del 27 de septiembre, del candidato del partido más votado el 23-J. Por un plato de lentejas, que son los siete votos del prófugo Puigdemont, Sánchez va a perder la primogenitura, que es el Estado de derecho, que se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución. El candidato socialista ha cerrado un suculento acuerdo con ERC y JxCat, que se disputan quien obtiene mayores prebendas de un Sánchez desesperado por la avidez de poder. Nunca siete votos habían valido tanto en lo económico, como la deuda histórica de los 465.000 millones de euros que pagarán todos los españoles, generando agravios comparativos de desigualdad entre comunidades autónomas. A resultas de lo pactado, no le trae cuenta a los independentistas catalanes separarse de España, porque el negocio de la extorsión les sale rentable. Se esgrime por el presidente en funciones una razón de Estado (pluralismo político, formar gobierno, la paz social), pero para ello asesta un mortal golpe al Estado de Derecho. Ahora sí que la separación de poderes ha muerto, rigiéndonos por los criterios dictatoriales del autócrata. Éste realiza el paripé de consultar a las bases socialistas un acuerdo etéreo, sin nombrar la ley de amnistía, en una votación a la “búlgara” o norcoreana como con Kim Jong-un, en la que todos aplauden a rabiar, a riesgo de dislocarse las muñecas. Ante la amenaza que se cierne, la indolente ciudadanía ha despertado del letargo y se ha lanzado a las calles de todas las ciudades para manifestar su libertad de expresión y protestar por la felonía que pasa de la conspiración a la consumación. Para acallar las críticas la propaganda orwelliana se ha hecho la ofendida por los actos de algunos violentos, que a saber a quién obedecen. Acaba de conocerse la colaboración de Putin con el “Tsunami Democràtic”, para apoyar a Puigdemont en el golpe del 1-O, lo que ha llevado al magistrado García-Castellón a imputarle por terrorismo. Esto ha alargado las negociaciones de investidura, para cerrar estos flecos y de paso exonerar de responsabilidad penal a los Pujol, el Barça, Borrás, Boyé… Hemos pasado de la expresión de Rubalcaba de que “Los españoles merecen un gobierno que no les mienta”, rodeando la calle Génova 13 por los atentados del 11-M, a que los que se manifiestan contra la ley de amnistía de Sánchez, actúan como los asaltantes al Capitolio de EE.UU. El tiro en la cabeza a Alejo Vidal-Quadras (¿Quién se beneficia?) traen a la memoria los dramáticos acontecimientos de 1936 con el asesinato de Calvo Sotelo. Pero por siete monedas de plata el judas español será capaz de vender lo más sagrado. Se le reconocería algo de nobleza si, llegado este momento, convoca elecciones generales, como ha aconsejado Felipe González. Pero ¡quia! La ambición ciega. La declaración institucional del CGPJ contra la ley de amnistía “ad hoc” de Sánchez a favor de los golpistas del 1-O, ya está en la UE, que denuncia la abolición de Estado de derecho. Se cambiará la tramitación legislativa en el Senado para alargar la aprobación de esta proposición de ley lo más tarde posible. En el Tribunal de Garantías apenas hay garantías, con Conde Pumpido, el fiscal general de Zapatero que arrastraba su toga con el polvo del camino; porque ya se conoce el resultado de antemano (7 a 4), y eso nos conduce directamente a “Españazuela” capital Venezuela. De la Unión Europea con la presidenta de Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, no nos hagamos ilusiones; en todo caso del comisario de Justicia Reynders, que muestra preocupación con el informe del órgano de gobierno de los jueces. La ley de amnistía que pretende aprobar Sánchez es ilegal y también inmoral. El interés de Estado alegado (compra de siete votos para gobernar a cambio de la ley de amnistía a la carta) supone un golpe de estado al Estado de derecho, para propinar la puntilla a la democracia mediante un régimen dictatorial. Como denuncia Baltasar Gracián: “Todo lo dora un buen fin, aunque lo desmientan los desaciertos de los medios”.